Juristas de varios países solicitan a la SCJN que revise la constitucionalidad de la reforma judicial
Medio centenar de juristas de América Latina, Europa y Estados Unidos se sumaron como terceros interesados a los procesos de inconstitucionalidad que lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México contra la reforma judicial y afirmaron que esta debe ser analizada, en principio, como “presuntamente inconstitucional”.
En un escrito denominado “amicus curiae” (intervención de terceros en un litigio para aportar información relevante), los juristas, todos ellos respetados constitucionalistas y teóricos del derecho, señalaron que el mismo criterio debe aplicarse a la reforma que traspasa la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya que, en los hechos, está “instaura una república cívico-militar”.
Según el documento de 24 páginas presentado el lunes 21 ante la SCJN, ha llegado el momento de que ese tribunal tenga “una discusión profunda” sobre el control de constitucionalidad de las reformas constitucionales en México, “en la que decante su postura actual y se resuelva la ambigüedad de la jurisprudencia histórica sobre el tema”.
El escrito, mediante el cual el grupo internacional de juristas pasa a ser parte de los procesos sobre la inconstitucionalidad de las reformas judicial y a la Guardia Nacional que lleva la SCJN, sostuvo que cuando se producen cambios a la Carta Magna “que alteran elementos básicos de la arquitectura constitucional existente” los tribunales deben intervenir.
Indicó que la reforma judicial, “cuyos contenidos afectan directamente a las condiciones de independencia, capacidad y legitimidad del Poder Judicial, una de las ramas del poder público, cuya posición y funciones son cruciales para la vida democrática, configura uno de esos escenarios”.
De acuerdo con los 50 juristas que firman el escrito, lo mismo ocurre con la reforma que traspasa la Guardia Nacional a la Sedena, ya que ese cambio habilita a las autoridades militares a asumir “todas las funciones estatales que el legislador tenga a bien encomendarnos”.
Y esto “trastoca un elemento constitucional fundamental y da paso a una república cívico-militar incompatible con el marco democrático-constitucional instaurado por la Constitución de 1917”, indicaron los expertos de países como Brasil, Argentina, Colombia, España, Italia, Chile, Perú, Venezuela y México.
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