Por falta de tiempo y recursos, INE descarta boletas en braille para elección judicial
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que no será viable ofrecer boletas en braille para personas con discapacidad visual en el marco de la próxima elección judicial, debido a falta de dinero y tiempo. La decisión ha generado críticas por parte de consejeros, quienes consideran que representa un retroceso en materia de inclusión.
Desde 2003, el INE había implementado plantillas en braille para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad visual. Sin embargo, el organismo explicó que el modelo de boleta para esta elección es distinto, por lo que no se puede replicar el diseño usado en comicios anteriores, como el de 2024, cuya impresión costó 8.8 millones de pesos y requirió 49 días de producción.
En esta ocasión, el formato propuesto para personas con discapacidad requeriría cuadernillos de hasta 42 páginas tamaño carta, lo cual, según el instituto, dificultaría el ejercicio del voto de manera autónoma.
La decisión fue tomada en respuesta a una petición formal presentada por Luis Hernández Cruz, miembro del Organismo Mexicano Promotor del Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad Visual.
Como medida complementaria, y a propuesta del consejero Arturo Castillo, el Consejo aprobó que, una vez concluida la elección, las áreas correspondientes del INE, entre ellas, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, realicen un análisis para garantizar materiales accesibles en futuros procesos electorales, incluyendo la posibilidad de incorporar tecnologías como el braille electrónico.
Durante la sesión, varias consejeras expresaron su preocupación por las implicaciones de esta decisión. Claudia Zavala lamentó que las restricciones presupuestales impuestas por la Cámara de Diputados y los plazos establecidos por la reforma electoral dificulten el cumplimiento del derecho al voto en condiciones de igualdad.
“Es muy lamentable que tengamos una regresión en términos de garantías de derechos, lo cual va en contra de lo que establece el artículo primero constitucional”, expresó.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey señaló que el recorte presupuestal “no era inédito ni inesperado” y consideró que el INE debió anticiparse para proteger el voto de personas en situación de vulnerabilidad.
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