Presidenta de la SCJN denuncia amenazas desde el gobierno en su último Informe de Labores
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, denunció amenazas, agresiones y una narrativa de desprestigio contra el Poder Judicial de la Federación (PJF) impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Durante su segundo y último Informe de Labores, Piña destacó que estos ataques comenzaron cuando la Corte recuperó su papel autónomo hace dos años.
La ministra subrayó que el punto de quiebre fue la invalidación del traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que intensificó las agresiones contra los integrantes del máximo tribunal. Señaló que las decisiones contrarias a los intereses del gobierno provocaron que se les tildara de "traidores al pueblo" y fueran acusados de actuar en contra del proyecto político oficial.
"Se nos llamó abiertamente corruptos y aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada, todo por ejercer nuestra función como jueces constitucionales", declaró.
Piña enumeró otros momentos clave que agudizaron las tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo:
1. Invalidez del decreto presidencial de 2023 sobre obras prioritarias. La Corte anuló la clasificación de megaproyectos como de interés público y seguridad nacional, rechazando los mecanismos que impedían la transparencia.
2. El "Plan B" electoral. En junio de 2023, el Pleno invalidó por mayoría las reformas político-electorales de 2022-2023 debido a violaciones graves en su procedimiento legislativo.
3. Reforma judicial 2024. Piña denunció que desde entonces se violan sistemáticamente las suspensiones dictadas por jueces federales, y que amenazar a jueces y magistrados con persecuciones penales y juicios políticos se ha vuelto una práctica recurrente.
La ministra enfatizó que un Poder Judicial autónomo es esencial para preservar la democracia mexicana. Rechazó cualquier intento de politizar la justicia o eliminar la carrera judicial, calificándolo como una "salida fácil" que tendría consecuencias impredecibles.
"Ninguna falla justifica eliminar de tajo la carrera judicial. La existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente es indispensable para la defensa de nuestra democracia, que tanto trabajo nos ha costado construir", afirmó.
El informe también generó polémica en redes sociales. La ministra Lenia Batres calificó las declaraciones de Piña como los "últimos manotazos de resistencia" contra la reforma judicial.
Al evento asistieron expresidentes de la Corte como Mariano Azuela y Guillermo Ortiz Mayagoitia, así como ministros en retiro. Sin embargo, la jornada evidenció la división entre los poderes y las tensiones que definen el actual contexto político y judicial de México.
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