Reitera ONU su preocupación por la iniciativa de reforma al Poder Judicial en México
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reiterado su preocupación ante la propuesta de reforma al Poder Judicial en México, la cual contempla, entre otras medidas, la elección popular escalonada de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados, expresó su inquietud en redes sociales mientras la última versión de la propuesta era sometida a votación. "Reitero mis profundas preocupaciones sobre sus amplias implicaciones para la independencia judicial en todo #México. Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial", declaró Satterthwaite.
En vísperas del inicio de la discusión del proyecto de dictamen en la Cámara de Diputados, la funcionaria de Naciones Unidas advirtió nuevamente que el paquete de reformas podría socavar la independencia de la judicatura mexicana si es aprobado sin modificaciones sustanciales.
Satterthwaite subrayó la importancia de un poder judicial independiente como protector de los derechos humanos y contrapeso ante cualquier poder que pueda amenazarlos. "Tengo varios comentarios acerca de la compatibilidad de las propuestas con las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos que vinculan a México", añadió.
Las propuestas de reforma incluyen la elección popular de todos los jueces y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sin la implementación de procedimientos que regulen las actuaciones durante la campaña. Además, se propone reasignar las funciones administrativas y disciplinarias del CJF a un nuevo órgano de administración judicial y a un Tribunal de Disciplina Judicial, los cuales serían electos también por voto popular.
La ONU ha instado a las autoridades mexicanas a considerar detenidamente las implicaciones de estas propuestas para la independencia judicial y los derechos humanos en el país, subrayando la necesidad de garantizar que cualquier reforma esté en línea con las obligaciones internacionales de México.
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