SCJN avala extinción de 109 fideicomisos; no exime al Estado de garantizar derechos, advierten ministros
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el decreto emitido en 2020 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante el cual se extinguieron 109 fideicomisos y fondos públicos con el objetivo de redirigir sus recursos para atender la emergencia sanitaria por COVID-19.
El fallo se dio tras resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores hace cinco años, con lo que se pone fin a los litigios relacionados con esta medida.
Aunque la mayoría de los ministros respaldó la eliminación de los fideicomisos, subrayaron que esta decisión no libera al Estado de sus responsabilidades. El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, enfatizó que la desaparición de estos mecanismos no implica la cancelación de derechos ni de obligaciones gubernamentales.
“Al extinguirse los fideicomisos no se extingue la facultad o el deber del Estado de garantizar ciertos derechos”, señaló, al tiempo que destacó la necesidad de mantener garantías presupuestarias que aseguren recursos en áreas sensibles como atención a víctimas y protección al medio ambiente.
El ministro ponente, Arístides Guerrero García, explicó que los fideicomisos eran mecanismos auxiliares del Poder Ejecutivo para la distribución del gasto público, pero no constituían garantías esenciales de derechos. Por ello, su eliminación no representa una afectación directa, sino un cambio en la forma en que el Estado cumple sus obligaciones, ahora a través de asignaciones presupuestarias directas u otros instrumentos.
En el mismo sentido, el ministro Giovanni Figueroa Mejía coincidió en que la desaparición de estos fondos no es, por sí misma, inconstitucional; sin embargo, advirtió que sí lo sería eliminar garantías presupuestarias sin justificar adecuadamente la posible regresividad de la medida.
Durante la discusión, la ministra Lenia Batres Guadarrama expuso que el gobierno federal llegó a operar más de 300 fideicomisos que concentraban alrededor de 835 mil millones de pesos, muchos de ellos administrados mediante instituciones privadas y bajo esquemas de secrecía fiduciaria, lo que dificultaba su fiscalización.
Asimismo, señaló irregularidades en algunos casos, como el manejo de recursos destinados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014, donde se desconoce el destino de aproximadamente 800 millones de pesos. También mencionó transferencias millonarias a empresas privadas a través de fondos de innovación tecnológica y anomalías en programas como el de bebederos escolares.
Pese al respaldo mayoritario al decreto, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González se pronunciaron por desestimar la acción de inconstitucionalidad.
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