SCJN examinará la reforma judicial tras acciones de inconstitucionalidad
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha aceptado analizar la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), luego de que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá admitiera cinco acciones de inconstitucionalidad en su contra. No obstante, el ministro rechazó frenar la implementación de la reforma mientras se resuelve el asunto.
González Alcántara Carrancá, quien actúa como ministro instructor, deberá elaborar un proyecto de sentencia que será presentado ante el Pleno de la SCJN para su discusión. En su acuerdo, el ministro ordenó dar vista a diversas instituciones, incluyendo la Cámara de Diputados, el Senado de la República y el Poder Ejecutivo Federal, así como a los poderes legislativos de las 32 entidades federativas, solicitando que rindan sus informes correspondientes.
El ministro también solicitó al Ejecutivo Federal una copia certificada del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), relacionado con la reforma judicial. Además, pidió a los congresos locales que remitan los antecedentes pertinentes sobre el decreto, y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio un plazo de diez días naturales para expresar su opinión sobre las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y la Unidad Democrática de Coahuila, junto con diputados del Congreso de Zacatecas.
Asimismo, se requirió a Guadalupe Taddeí, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), que en tres días naturales entregue una copia certificada de los estatutos vigentes de los partidos políticos nacionales que promovieron las acciones, y precise los integrantes de sus órganos de dirección. En el mismo plazo, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Coahuila deberá remitir la documentación correspondiente al partido Unidad Democrática de Coahuila.
Aunque los promoventes de las acciones de inconstitucionalidad pidieron la suspensión de la reforma para evitar su implementación, el ministro Alcántara Carrancá rechazó esta solicitud, argumentando que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no conlleva la suspensión de una norma general, lo cual contrasta con lo que ocurre en las controversias constitucionales.
El ministro recordó que, en reiteradas ocasiones, se ha sostenido este criterio respecto a la no concesión de la suspensión en contra de normas generales, ya sea en acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.
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