SCJN rechaza atraer amparos relacionados con el caso de María Elena Ríos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer el análisis de cinco amparos directos promovidos por personas implicadas en el ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos, entre ellos el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal.

Sin discusión y por mayoría de cinco votos, el Pleno de la Corte decidió no ejercer su facultad de atracción para estudiar los recursos promovidos por los probables responsables, quienes buscan revertir los procesos penales que enfrentan.

Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, así como el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, votaron a favor de atraer el asunto.

Antes de la votación, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra se declaró impedida para participar debido a su intervención previa en el caso cuando se desempeñaba como titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República.

“Tuve conocimiento de los hechos que derivaron en la investigación penal sobre la que versan los amparos directos que se proponen atraer”, explicó la ministra al justificar su impedimento.

Horas antes de la sesión, María Elena Ríos difundió una carta pública en la que expresó su confianza en que la Corte atrajera el caso, al asegurar que desde hace siete años busca justicia por el intento de feminicidio que sufrió.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la posibilidad de atraer mi caso por el intento de feminicidio con ácido que infringió hacia mí el exdiputado y empresario gasolinero Juan Antonio Vera Carrizal y cuatro hombres más”, escribió la saxofonista.

Ríos denunció además que el proceso ha estado marcado por corrupción e influencias políticas en Oaxaca, acusando a Vera Carrizal de utilizar su poder económico y político para manipular el procedimiento judicial.

También señaló que el exlegislador ha intentado abandonar la cárcel argumentando problemas de salud y aseguró que desde diciembre de 2024 permanece en un hospital privado sin que peritos imparciales hayan podido verificar su condición médica.

La víctima afirmó que el proceso judicial ha sido “parcial, desgastante, dilatado y tortuoso”, además de denunciar violencia institucional y la falta de una sentencia condenatoria pese a que, dijo, al menos diez jueces han intervenido en el caso.

“El ataque con ácido no solo intentó arrebatarme la vida; también dejó consecuencias físicas, emocionales y psicológicas permanentes”, expresó.

Ríos subrayó que su caso no es aislado y recordó que, de acuerdo con datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, durante 2025 se registraron 336 casos de amenazas y ataques relacionados con violencia ácida.

Por su parte, Carmen Lucía Sustaita Figueroa, titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la FGR, solicitó a la Corte atraer el asunto con el objetivo de definir criterios sobre la aplicación del artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales en casos de prisión preventiva justificada con perspectiva de género.

Asimismo, buscaba que el máximo tribunal determinara si un órgano jurisdiccional sustituto puede redactar una sentencia con base en actuaciones orales realizadas ante otro juez cuando un Tribunal de Enjuiciamiento es suspendido o inhabilitado.

María Elena Ríos fue atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019 en su domicilio en Huajuapan de León, Oaxaca, sufriendo lesiones en el rostro y gran parte del cuerpo.

La saxofonista señaló como autor intelectual a su expareja, Juan Antonio Vera Carrizal, mientras que su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, continúa prófugo de la justicia.

En 2020, Vera Carrizal se entregó a las autoridades y quedó sujeto a prisión preventiva. También fueron detenidos Rubicel Hernández Ríos y Rubén Loaeza Chárrez, señalados como probables autores materiales del ataque.

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