SCJN va contra hacinamiento en cárceles: ordena crear plan para traslados y examinar preliberaciones en penal de Edomex

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el hacinamiento en los centros penitenciarios constituye una violación a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, al resolver un amparo promovido por el Instituto Federal de Defensoría Pública contra autoridades del Estado de México.

El caso se originó a partir de las condiciones de sobrepoblación detectadas en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca. Un diagnóstico realizado en 2021 reveló que el penal albergaba a 5 mil 116 personas, pese a que su capacidad era de mil 834 espacios.

Por unanimidad, el Pleno de la SCJN aprobó el proyecto presentado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, mediante el cual se ordena a las autoridades mexiquenses elaborar un plan para atender la sobrepoblación del centro penitenciario.

Entre las medidas contempladas se encuentran realizar traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios, llevar a cabo trabajos de remodelación del inmueble y analizar la procedencia de beneficios de preliberación en los casos que correspondan.

Durante la discusión, el ministro Irving Espinosa Betanzo señaló que también puede revisarse la aplicación de medidas cautelares y el otorgamiento de beneficios de preliberación, aunque aclaró que las decisiones sobre cada caso corresponden a los jueces que llevan los respectivos procesos penales.

"La propuesta que se hace no consiste en ordenar la liberación indiscriminada de personas privadas de la libertad, ni es sustituir a las personas juezas de ejecución penal en la decisión que corresponde adoptar en cada caso", puntualizó.

La ministra Yasmín Esquivel calificó las condiciones de hacinamiento como "un tormento" y una vulneración a la dignidad humana. Sostuvo que las dificultades administrativas o presupuestarias no deben traducirse en una carga adicional para quienes cumplen una sentencia.

"Las dificultades administrativas o presupuestarias no pueden convertirse en una pena adicional para quienes ya están pagando lo que les impuso la sentencia judicial", afirmó.

A su vez, la ministra María Estela Ríos consideró que la sobrepoblación penitenciaria constituye un problema social y administrativo complejo que no puede resolverse únicamente con la voluntad de la Suprema Corte. Por ello, planteó dar vista a la comisión estatal de derechos humanos y a la defensoría pública local.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, manifestó su preocupación por la orden de poner fin de manera inmediata al hacinamiento en el penal, al advertir que una interpretación de la medida podría implicar dejar de recibir nuevos internos o incluso disponer la liberación de personas privadas de la libertad.

Antes de someter el proyecto a votación, el ministro ponente precisó que modificaría el documento para establecer con claridad que los eventuales traslados deberán cumplir con las condiciones legales correspondientes.

Asimismo, se incorporará como medida que las propias autoridades penitenciarias promuevan los beneficios de preliberación que resulten procedentes y que se capacite al personal encargado de la operación del centro penitenciario.

Con esta resolución, la SCJN establece medidas para que las autoridades mexiquenses atiendan las condiciones de sobrepoblación en el penal de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, sin que ello implique una liberación generalizada de las personas privadas de la libertad.

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