Senado recibe iniciativa presidencial para postergar elección judicial hasta 2028
El Senado de la República recibió este miércoles una iniciativa de reforma constitucional impulsada por el gobierno federal para aplazar al 4 de junio de 2028 la elección del Poder Judicial, prevista originalmente para 2027, además de modificar de manera integral el modelo de votación judicial.
La propuesta fue entregada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y por la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, a la presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Laura Itzel Castillo.
Rodríguez arribó al Senado poco antes de las 11:00 horas, donde fue recibida por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier. Minutos después llegó Alcalde para formalizar la entrega del proyecto.
Se prevé que durante la sesión de la Comisión Permanente de este jueves se convoque a un periodo extraordinario de sesiones para el próximo 27 de mayo, con el objetivo de aprobar la reforma y concluir el proceso legislativo en el Constituyente Permanente antes del 3 de junio.
La intención del oficialismo es conseguir posteriormente el respaldo de al menos 17 congresos estatales para publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación y permitir su entrada en vigor inmediata.
La iniciativa plantea que la jornada electoral judicial federal y local se lleve a cabo el domingo 4 de junio de 2028, lo que abriría la posibilidad de que coincida con una eventual consulta de revocación de mandato presidencial contemplada en el artículo 35 constitucional.
De acuerdo con el proyecto, el aplazamiento responde a una evaluación ordenada por la Presidencia de la República, en la que se concluyó que la elección intermedia prevista para 2027 representaba una complejidad inédita por la cantidad de cargos y candidaturas involucradas.
En la elección judicial de 2028 únicamente se renovarían cuatro magistraturas electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 463 magistraturas de tribunales colegiados de circuito, 385 jueces de distrito, 424 magistraturas locales y 2 mil 831 jueces locales en 25 entidades federativas.
No obstante, la reforma no solo busca modificar la fecha de la elección, sino rediseñar el sistema para evitar una jornada considerada “inmanejable”.
Entre los principales cambios destaca la reducción del número de candidaturas por cargo. Mientras el esquema original contemplaba hasta tres propuestas por cada poder —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, ahora se propone dejar únicamente dos candidaturas finales por especialidad.
Según la iniciativa, los comités de evaluación revisarán conocimientos, experiencia profesional, antecedentes y “buena fama pública” de los aspirantes. Posteriormente, seleccionarán cuatro perfiles y, mediante insaculación pública, quedarán definidos los dos candidatos finales.
Asimismo, la nueva boleta electoral distinguirá claramente qué candidaturas corresponden al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o a jueces en funciones que busquen reelegirse.
El proyecto también contempla que el Instituto Nacional Electoral divida el territorio en distritos judiciales específicos, con el propósito de que cada ciudadano vote únicamente por un juez y un magistrado de determinada materia o especialidad.
Otro de los cambios relevantes es la creación de una comisión coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres poderes, cuya función será homologar criterios y evitar diferencias en los filtros aplicados a los aspirantes.
Dicha instancia podrá revisar requisitos como licenciatura en Derecho, promedio académico, experiencia profesional y exámenes de conocimientos, aunque cada poder mantendría su propio comité evaluador.
La propuesta también obligaría a las entidades federativas a replicar las reglas federales, luego de que el gobierno detectó inconsistencias en algunos procesos locales donde, según argumentó, no se garantizaba la insaculación pública.
Entre otros ajustes derivados de la experiencia reciente, la iniciativa plantea permitir que elecciones judiciales y ordinarias compartan casillas, impedir la participación de representantes partidistas en la elección judicial, realizar el escrutinio y cómputo directamente en casilla y adelantar de septiembre a abril la convocatoria del Senado para ampliar el tiempo de revisión de perfiles.
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