SEP oficializa en el DOF restricción de celulares en escuelas; especialistas advierten vacíos en su aplicación

La Secretaría de Educación Pública (SEP) oficializó la regulación del uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y otros aparatos electrónicos personales en las escuelas del país, mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las nuevas disposiciones entrarán en vigor el próximo 3 de noviembre y serán revisadas cada seis meses por las autoridades educativas estatales y de la Ciudad de México, en coordinación con la SEP, con el objetivo de evaluar su implementación y determinar posibles ajustes.

De acuerdo con el documento, en educación básica —preescolar, primaria y secundaria— el uso de estos dispositivos estará restringido durante toda la jornada escolar, incluido el recreo.

La medida contempla excepciones cuando exista una finalidad educativa previamente programada, así como por situaciones de emergencia personal, discapacidad, necesidades de salud o circunstancias particulares que lo justifiquen.

En el caso de la educación media superior, se limitará el uso no pedagógico de celulares y dispositivos durante la jornada escolar, tomando en cuenta las características, necesidades y contexto de cada institución. Para ello, se establece que deberán realizarse procesos de consulta y construcción de acuerdos con la comunidad educativa.

Mientras que en educación superior, las instituciones deberán promover el uso responsable de los dispositivos electrónicos, con el propósito de fortalecer una ciudadanía digital crítica y ética.

A partir de la entrada en vigor del acuerdo, las entidades federativas contarán con 180 días naturales para armonizar los instrumentos jurídicos que correspondan con las nuevas disposiciones.

Como parte de la estrategia para difundirlas, la SEP presentó un decálogo dirigido a cada nivel educativo. En educación básica, el documento plantea que los estudiantes no necesitan utilizar un celular durante su estancia en la escuela y promueve actividades como el juego, el deporte, la lectura, la convivencia y el descanso sin dispositivos digitales.

El decálogo también establece que los celulares podrán utilizarse cuando un docente lo solicite por motivos educativos, de salud, discapacidad, accesibilidad o inclusión.

Asimismo, plantea que los estudiantes recurran a sus maestros ante una emergencia para establecer comunicación con sus familias mediante los mecanismos definidos por la escuela.

Entre las recomendaciones también se encuentra evitar el uso de redes sociales y juegos digitales durante la convivencia escolar, así como no tomar ni compartir fotografías de compañeros, docentes o personal escolar sin su consentimiento.

Aunque la disposición establece por primera vez una política nacional sobre el uso de celulares en las escuelas de educación básica, especialistas del Tecnológico de Monterrey advirtieron que persisten interrogantes sobre su aplicación y sobre la manera en que se evaluará su impacto en el ambiente escolar y los aprendizajes.

Marco A. Fernández, Roberto de la Rosa, Sandra Reyes y Carla Contreras, investigadores de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, señalaron que existe una diferencia entre el enfoque formativo y preventivo planteado por la SEP en los considerandos del acuerdo y las obligaciones que finalmente quedaron establecidas.

De acuerdo con su análisis, la restricción constituye el principal contenido obligatorio para la educación básica, mientras que las acciones relacionadas con formación, desarrollo de habilidades digitales y construcción de buenas prácticas quedan como recomendaciones o lineamientos orientativos.

Otro de los aspectos señalados es que el acuerdo no establece sanciones específicas para los estudiantes que incumplan la disposición, ni define un protocolo nacional para la retención o resguardo de los teléfonos.

Los investigadores indicaron que esta decisión queda en manos de las autoridades educativas estatales y, en determinados casos, de los acuerdos que se establezcan dentro de cada comunidad escolar, lo que podría generar criterios diferentes entre entidades e incluso entre planteles.

También señalaron que el acuerdo no otorga expresamente a docentes y directivos la facultad de retirar los dispositivos. Por ello, en caso de que alguna entidad determine implementar medidas de resguardo, tendría que establecer el fundamento jurídico correspondiente.

El mecanismo de evaluación semestral también fue cuestionado por los especialistas, debido a que el acuerdo no establece indicadores, líneas base, metas ni la obligación de hacer públicos los resultados.

A su consideración, esto permitiría realizar revisiones periódicas de la política sin contar con criterios comunes para determinar si las restricciones están produciendo los resultados esperados en materia de convivencia escolar o aprendizaje.

Los investigadores también señalaron que el acuerdo se concentra principalmente en limitar el uso de los dispositivos y deja en segundo plano el desarrollo de una estrategia integral de formación digital para estudiantes y docentes.

En ese sentido, destacaron que la Ley General de Educación contempla el uso responsable de la tecnología dentro de la Agenda Digital Educativa, mientras que la nueva regulación no desarrolla de manera amplia las habilidades digitales que deberían acompañar la medida.

Los especialistas también llamaron la atención sobre los resultados de la consulta nacional realizada por la propia SEP.

Según los datos citados en su análisis, 88.8% de las figuras educativas consultadas respaldó restringir el acceso a los celulares durante la jornada escolar, mientras que 56.3% apoyó eliminar completamente su uso.

Para los investigadores, estas cifras muestran un amplio respaldo a establecer reglas sobre los dispositivos, aunque no necesariamente reflejan el mismo nivel de apoyo a una restricción total como la que finalmente se estableció para educación básica.

El acuerdo permite utilizar los dispositivos cuando exista una finalidad pedagógica previamente programada y bajo supervisión docente. Sin embargo, los especialistas señalaron que no se define con suficiente precisión qué debe entenderse por esa “intencionalidad pedagógica”, lo que podría dar lugar a interpretaciones distintas entre escuelas y profesores.

El acuerdo establece que las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México, junto con la SEP, generarán cada seis meses espacios de retroalimentación, diálogo y construcción de acuerdos para revisar los avances en la implementación de las medidas. La finalidad será identificar acciones adicionales y realizar los ajustes que se consideren necesarios.

De esta manera, la regulación comenzará a aplicarse el 3 de noviembre, mientras que durante los meses posteriores las autoridades estatales deberán adecuar sus disposiciones y las comunidades escolares definirán parte de los mecanismos necesarios para su implementación.

Los especialistas del Tecnológico de Monterrey consideraron que el acuerdo constituye un primer paso para ordenar el uso de dispositivos móviles en los planteles, pero señalaron que aspectos como el resguardo de los equipos, los criterios de evaluación, la formación digital y la distribución de responsabilidades todavía deberán definirse en los próximos meses.

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