Suprema Corte acepta 3 nuevas consultas sobre la reforma judicial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha admitido tres nuevas consultas presentadas por funcionarios, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) para que se analice si la reforma judicial afecta la autonomía e independencia de este poder, así como la división de poderes en el país.
Las solicitudes, identificadas con los números 5/2024 y 6/2024, fueron ingresadas por funcionarios del PJF, quienes cuestionan la constitucionalidad de la reforma que elimina la carrera judicial, argumentando que dicha modificación podría violar "el principio de división de poderes, la autonomía de uno de los poderes de la Unión, y la esencia de la República".
Por su parte, jueces y magistrados federales solicitaron que el máximo tribunal examine si la destitución de todos los jueces y magistrados del PJF y de las entidades federativas, así como la eventual elección de nuevos titulares mediante voto popular, vulnera la independencia judicial y la separación de poderes.
Las tres consultas fueron turnadas a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, según se estableció en los acuerdos fechados el 18 de septiembre, aunque publicados recientemente. Además, el 13 de septiembre, la SCJN había aceptado otra consulta similar, la cual fue asignada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
A través de una tarjeta informativa, la SCJN aclaró que el propósito de estas consultas no es impugnar la reforma judicial directamente, sino determinar si es posible revisar su constitucionalidad y el procedimiento legislativo que llevó a su aprobación.
Ante la falta de un procedimiento específico para abordar estas impugnaciones, la ministra presidenta Norma Piña Hernández propuso a los ministros definir el proceso a seguir. Los juzgadores federales consideran que la reforma, al modificar la composición de la Suprema Corte, reemplazar el Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial y renovar a jueces y magistrados mediante elecciones, representa una posible violación a la independencia y autonomía del Poder Judicial.
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