Autonomía de las fiscalías y los ministerios públicos

La Fiscalía es un órgano de la función pública, encargado de atender a las y los ciudadanos afectados por conductas ilícitas, con la finalidad de garantizarles el acceso a la justicia, investigar la comisión de delitos, perseguir los actos criminales y a quienes los realizan, así como asegurar que quienes infrinjan la ley sean puestos ante las personas juzgadoras, dentro de los límites del Estado de Derecho.

Por su naturaleza, competencia, y campo de actuación, la Fiscalía exige ser un órgano autónomo, cuya existencia y ejercicio se mantenga independiente y sin supeditarse a los aparatos de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo, ni a las magistraturas y jueces del Poder Judicial. Por ello, la Fiscalía debe ser un organismo autónomo del Estado Mexicano, a fin de garantizar su objetividad, transparencia, imparcialidad, y apego irrestricto a los Derechos Humanos.

En México, la autonomía de las fiscalías, sean del orden federal o de las entidades, fue un logro ciudadano que comenzó en el año 2014 con las reformas político-electorales de ese año. Entonces, además de haber modificado el sistema electoral que transformó al IFE convirtiéndolo en INE, también se transformó a la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República. Esto no fue sólo un cambio de nombre, sino que se introdujo la figura estructural del Ministerio Público Autónomo. 

Así, el Ministerio Público se volvió un órgano que administrativamente ya no estaba en la esfera de los poderes ejecutivos, ni de la federación ni de las entidades. Con ello, ni la presidencia de la república, ni las gubernaturas tienen superioridad jerárquica u orgánica sobre el trabajo de la procuración de justicia. De este modo, la Fiscalía, en tanto órgano autónomo, debe rendir cuentas al legislativo, instituido como colegio de representación popular; y no a las figuras unipersonales de quienes temporalmente titulan el poder ejecutivo.

Esto es importante, sobre todo en un contexto de procuración de Derechos Humanos, y de manutención del Estado de Derecho, ya que -en las repúblicas democráticas y civiles, que cuentan con contrapesos para evitar el ejercicio del poder omnímodo- la Fiscalía debe investigar y actuar sobre todos los delitos de su competencia y jurisdicción, incluso los delitos cometidos por personas pertenecientes al árbol administrativo del poder ejecutivo, y de las instituciones del Estado.

Por ello, de la Fiscalía se debe esperar institucionalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia; pero nunca lealtad al ejecutivo. De lo contrario, imaginemos cómo actuaría una fiscalía supeditada a la presidencia o a las gubernaturas ante delitos como el tráfico de hidrocarburos desde la institución encargada de administrar los energéticos; o las violaciones a Derechos Humanos cometidas por funcionarios públicos o fuerzas armadas encargados de la Seguridad Pública; o la comisión de delitos patrimoniales y ambientales ocasionados por la corrupción en la asignación de terrenos para obra pública o privada.

Esto explica por qué la Fiscalía, como órgano autónomo, está en la mira del poder; y este poder busca supeditar el ejercicio de los ministerios públicos; sea con presiones presupuestales o administrativas, sea coaccionando o imponiendo a sus titulares, o sea extendiendo su influencia al legislativo para que éste incida en el actuar de la Fiscalía. Como fuese, un ministerio público federal o estatal que no sea verdaderamente autónomo, significa un retroceso democrático, y una amenaza al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos.

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