Carga pública, negocio privado

Donald Trump tiene una idea bastante peculiar de cuándo un migrante se convierte en una carga para Estados Unidos.

Si necesita Medicaid, alimentos o alguna otra asistencia pública, su gobierno quiere que eso pueda pesar en contra de su residencia. La lógica recuperada del public charge es conocida: quien podría depender del Estado no debería convertirse en responsabilidad del contribuyente. Esta semana, 22 estados y varias ciudades volvieron a llevar esa política ante los tribunales. 

Pero hay una excepción curiosa: gastar dinero público en un migrante parece dejar de preocupar cuando el Estado lo encierra.

El Congreso destinó 45 mil millones de dólares adicionales a detención migratoria. ICE proyecta una capacidad cercana a 100 mil camas y decenas de miles de millones más para ampliar instalaciones. 

El migrante, aparentemente, es demasiado caro para ayudarlo pero no para custodiarlo.

Y ahí comienza otra historia.

Estados Unidos privatizó durante décadas buena parte de su infraestructura de detención. Empresas como GEO Group y CoreCivic obtienen contratos federales para alojar personas mientras se resuelven sus procesos migratorios. Sus propios reportes financieros describen nuevas instalaciones, ampliaciones y contratos derivados del aumento de la demanda de camas de ICE. 

También existe una relación política que merece ser observada sin necesidad de convertirla en teoría conspirativa. GEO Group y CoreCivic aportaron 500 mil dólares cada una al comité inaugural de Trump-Vance. La contribución está registrada oficialmente. No demuestra que hayan comprado contratos. Pero vuelve legítima una pregunta más incómoda: qué ocurre cuando una política pública que promete multiplicar las detenciones expande, al mismo tiempo, el mercado de quienes viven de administrarlas. 

Porque el incentivo cambia.

Un migrante libre puede convertirse, según Trump, en una eventual carga pública.

Un migrante detenido se convierte en ocupación de cama, alimentación, transporte, vigilancia, atención médica, infraestructura. Es decir: gasto público convertido en facturación privada.

La diferencia no está en cuánto cuesta esa persona.

Está en quién cobra.

Europa conoce bien esta transformación. Alrededor del control migratorio creció durante años una industria de vigilancia, tecnología, muros, transporte y seguridad. El sufrimiento humano no necesita ser inventado para convertirse en mercado; basta con construir alrededor de él servicios que alguien deba contratar.

Trump ha llevado esa contradicción a una escala extraordinaria.

No quiere migrantes que algún día puedan necesitar del Estado.

Pero está dispuesto a gastar miles de millones mientras los necesite el negocio de detenerlos.

Y quizá ésa sea la pregunta correcta frente a la nueva política migratoria estadounidense:

¿cuándo dejó el migrante de ser demasiado costoso para convertirse en rentable?

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