¿Cómo anda el ánimo de la ciudadanía?

Como cada tres meses, el INEGI publicó su nueva encuesta sobre seguridad, problemáticas urbanas y efectividad del gobierno, correspondiente al trimestre septiembre-diciembre de 2025, que se levanta en 24 mil viviendas de 91 ciudades del país, entre ellas Aguascalientes, con un nivel de confianza de 90%. 

Quiere decir que es un instrumento útil para tomar el pulso de las preocupaciones de la ciudadanía. Y es, sin duda, un insumo valioso para las autoridades tanto estatales como sobre todo municipales para evaluar donde están bien, dónde andan mal o peor y donde debieran poner mucho más atención, eficiencia y pertinencia.

Como ya se ha vuelto costumbre, el principal motivo de queja en Aguascalientes es el estado en que se encuentran las calles y avenidas; el 86% de la población señala que los baches son la principal problemática. Llama la atención que hace tres años este porcentaje era de 66%, veinte puntos abajo, lo que quiere decir que la situación ha empeorado considerablemente.

La segunda molestia ciudadana son las fallas y fugas en el suministro de agua potable, con casi el 77% de la población que las reporta como un problema muy importante; pero lo revelador es que cuando el servicio lo prestaba la concesionaria ese porcentaje era significativamente más bajo. 

Por ejemplo, en marzo de 2016 andaba en 38%; en septiembre del 2017 en 41%; en marzo de 2020, 53%, pero a partir de que el municipio tomó la prestación del servicio, en octubre de 2023, y hasta diciembre de 2025, el 72% de la ciudadanía en promedio lo ha venido señalando como un problema muy serio. 

Peor todavía es que para 2026 el presupuesto municipal trae una partida de 1, 455 millones de pesos -sí: mil 455 millones- para mantener a flote el servicio del agua que antiguamente operaba el sector privado, frente a 1, 331 millones de pesos que costó en 2025, es decir, 124 millones de pesos más, de los cuales se van 423 millones para pagar una nómina de más de mil plazas del organismo operador. Y eso sin contar los 200 millones de pesos de cartera vencida, es decir, la gente que no paga.

La pregunta es porqué y las autoridades deben dar una explicación puntual, documentada, verificable y honesta del estado en que se encuentra este servicio pues si cuesta más dinero y si casi 8 de cada diez personas se queja, quiere decir que hay un problema que tiende a ser grave. 

Y la moraleja es la de siempre: cuando los gobiernos toman decisiones con criterios políticos y no con criterios técnicos o cuando colocan para dirigirlos a compadres con criterios de complicidad y no a verdaderos profesionales, las cosas salen mal o muy mal y la ciudadanía es la que paga el fracaso, como muchos lo advirtieron oportunamente.

Por otra parte, el 61% de las personas informa que los embotellamientos en calles y avenidas son frecuentes o que las coladeras están tapadas. El 45% reporta que el alumbrado público es insuficiente, un servicio que parcialmente presta la misma empresa que ofreció el fracasado proyecto de Next Energy, y ese mismo porcentaje -45%- de la ciudadanía considera que el gobierno es efectivo para para resolver  las problemáticas mientras que el 54% cree lo contrario.

En síntesis, como decía un viejo maestro mío: solo hay dos clases de funcionarios: los que explican y los que resuelven. ¿Cuáles son los que tenemos aquí? Es la pregunta del millón.

-

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión.