Conflicto México-Ecuador

En Ecuador, el 16 de abril de 2016, ocurrió un sismo de magnitud 7,8 que dejó unos 700 muertos, más de 6,000 heridos, y casi 30,000 personas trasladadas a albergues. Ante esa catástrofe, la población ecuatoriana se solidarizó, colectó víveres y cuantiosos recursos que, junto a los fondos públicos, fueron administrados por el gobierno del entonces presidente Rafael Correa, con la finalidad de atender a los damnificados y reconstruir las zonas afectadas de Ecuador.

Luego de la reconstrucción, y ya con un nuevo gobierno en la presidencia del país, se descubrió que hubo malversación de esos fondos destinados a los damnificados. Se inició una investigación que apuntaba a las autoridades del gobierno de Correa de tal modo que, para enero de 2024, un juez pidió prisión preventiva contra el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas por su presunta comisión del delito de peculado; es decir, se le acusaba de robar el dinero que debió haberse usado en atender el desastre, la reconstrucción, y a las personas damnificadas.

Desde diciembre de 2023, Glas pidió ocultarse en la embajada mexicana en Ecuador. Nuestras autoridades diplomáticas lo acogieron como huésped en la embajada mexicana de aquel país, y ahí permaneció hasta este viernes. En el inter, el presidente de México realizó declaraciones desafortunadas que cuestionaban la legitimidad del actual gobierno de Ecuador. En ese contexto, el gobierno aludido aumentó la presión para que México entregara al ex vicepresidente Glas a fin de que enfrentara un juicio por peculado, a lo que nuestra embajada se negó alegando asilo político.

El conflicto escaló hasta el punto de que el gobierno ecuatoriano violó la Convención de Asilo Diplomático de 1954 y otros tratados de política internacional, y este viernes mandó a su fuerza armada a tomar por asalto la embajada mexicana con una irrupción operativa táctica, para detener a Glas. Esto derivó en que López Obrador determinó el cese de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. La razón le asiste a México, porque el asalto a la embajada es violatorio e ilegal. 

Sin embargo, no siempre todo lo legal es legítimo. ¿Qué pasa si un gobierno populista malversa los fondos públicos que su país destina a la atención de desastres y, cuando se investiga a sus autoridades, ese gobierno tiene el cinismo de decirse víctima de persecución política? Estoy hablando, también, del gobierno populista de Rafael Correa.

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