Declaratoria de organizaciones terroristas

Otra vez, desde Estados Unidos, revive la intención de declarar como terroristas a las organizaciones criminales mexicanas relacionadas con el tráfico de drogas. Esto, luego de dos eventos específicos: las declaraciones en ese sentido dichas por el candidato electo Donald Trump, quien tomará protesta de nuevo como presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero; y, en consonancia, la designación de Ronald Johnson, exmilitar Boina Verde y ex agente de la CIA, como próximo embajador en México.

En los últimos años, esta declaratoria de Estados Unidos a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas ya se había mencionado, sin concretarse. Durante la administración de Obama, cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado, ella hablaba del “narcoterrorismo” y la “narcoinsurgencia” del crimen organizado mexicano. En esa administración, el subsecretario de la defensa advertía que era inminente que los cárteles en México pudieran “tomar el poder”. 

Trump, durante la campaña del final de esa administración, también declaró la intención de designar a las organizaciones criminales como terroristas. Luego, en febrero y marzo de 2023, legisladores republicanos volvieron a impulsar el tema. Ante eso, el entonces canciller Ebrard fue enfático en el discurso de la defensa de la soberanía nacional, y el tema no prosperó, a pesar de que la violencia criminal en nuestro país fue en aumento.

Convenimos en que el término terrorismo se refiere al empleo de la violencia en contra de civiles como estrategia para generar conmoción en terceros, a fin de comunicar un mensaje político e influir en el poder, empleando al terror como vehículo. En esa hipótesis, los cárteles mexicanos sí han usado estrategias terroristas, sin ser de facto grupos insurgentes. 

Lo único distinto entre la violencia criminal y la terrorista es, básicamente, el carácter político insurgente con el que la violencia busca causar terror para influir en la política. El caso mexicano es peculiar, porque las bandas criminales ya excedieron los límites de simplemente cometer delitos, y desde hace años usan el terror para influir de facto en la política, sin ser nominalmente grupos insurgentes.

Así, varios de los cárteles mexicanos sí han desplegado estrategias cuasi terroristas para influir en el poder del Estado. Es un problema grave relacionado con la inequidad, la corrupción, el capitalismo rapaz, la erosión de las instituciones, y la existencia de zonas con Estado Fallido. Pero nada de eso justifica que Estados Unidos quiera capitalizar el dolor y la muerte que nos ocurre en México, para alimentar su voraz dominio diplomático.

Por otro lado, es una realidad que Estados Unidos utiliza la nomenclatura de Grupo Terrorista a conveniencia política, sea como arma diplomática o sea como vía de intervención extranjera. El ejemplo más claro es el Talibán, a quien Norteamérica le ha dado y quitado la designación de terrorista en función de sus intereses en Oriente Medio. Igualmente ha pasado con las Guardias Revolucionarias Islámicas de Irán. Es decir, sólo para amedrentar. En ese sentido, el nombramiento del embajador Ron Johnson apunta a que la intención de declaratoria, y la posterior intervención extranjera, ahora sí van en serio.

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