Democracia y elecciones

En el antiguo régimen, la organización de los procesos electorales estaba a cargo del poder ejecutivo federal. La integración de un padrón con los nombres de las y los ciudadanos con capacidad legal para ejercer el sufragio, la instalación de los magistrados que darían validez jurídica al proceso, los mecanismos de conteo de votos, la colocación de casillas en el espacio nacional, el anuncio del resultado electoral, etcétera. Todo estaba controlado por el ejecutivo.

En este antiguo régimen vivíamos un Sistema de Partido Hegemónico, en el que una sola fuerza política detentaba el poder. No sólo eso; en ese oscuro tiempo, el partido en el poder era una extensión del gobierno; el gobierno era una extensión del partido; partido y gobierno organizaban las elecciones; y previsiblemente siempre ganaba ese mismo partido. El modelo político estaba diseñado para que la lucha por el poder no fuera en las urnas, sino en los pasillos de palacio y entre los sectores del partido.

La presión social y los movimientos civiles lograron la apertura democrática, con explosiones políticas acumuladas desde los movimientos sindicales de la década de 1950, los estudiantiles de los sesenta y setenta, los guerrilleros de los ochenta y noventa; el cisma del partido en el poder a partir de 1988, las grandes reformas electorales de finales del siglo XX, y la alternancia partidista del 2000. Las y los ciudadanos más jóvenes no lo vivieron, pero la historia está ahí.

Esta apertura democrática creó instituciones electorales independientes y autónomas del poder ejecutivo. Así, cuando el gobierno de un partido dejó de organizar los comicios, dejó también de ganar las elecciones. Estas instituciones electorales han evolucionado a lo largo del tiempo. Por supuesto que son perfectibles, y deben mejorar; pero la construcción de ciudadanía demanda proteger la autonomía y preservación de los institutos electorales, e impedir que volvamos al tiempo oscuro en el que el ejecutivo mandaba sobre las elecciones y sus procesos.

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