Desaparición de órganos autónomos

Este 20 de diciembre, el Poder Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto en materia de simplificación orgánica que legaliza la desaparición de siete organismos autónomos, con lo que las funciones de los organismos desaparecidos serán absorbidas por las respectivas dependencias de la administración pública centralizada que puedan asumir su competencia. El decreto ha entrado en vigor a partir del 21 de diciembre de 2024.

De esta manera, las funciones de los organismos autónomos desaparecidos serán absorbidas por las siguientes dependencias: el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; el Instituto Federal de Telecomunicaciones por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación por la Secretaría de Educación Pública; la Comisión Federal de Competencia Económica por la Secretaría Economía; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística; y la Comisión Reguladora de Energía, así como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por la Secretaría de Energía.

Dicho de otro modo: en el afán de ahorrar recursos públicos, y de realizar una simplificación administrativa, la fiscalización de la función pública la realizará -otra vez- la misma función pública. Igualmente, la transmisión de los datos derivados de esa fiscalización hacia la prensa, las organizaciones civiles, y la ciudadanía en general, la realizará el propio gobierno. Sí, como en aquel pasado que vivimos bajo un Partido de Estado, en el que la opacidad pública permitió un pésimo manejo gubernamental porque no existían mecanismos ni organismos de contrapeso ni fiscalización que vigilaran el actuar público.

Movimientos políticos y administrativos como este, sólo contribuyen a erosionar la participación ciudadana, a inhibir la construcción de una ciudadanía crítica, y -finalmente- a menguar el ímpetu democrático bajo el argumento populista de la reducción en el gasto público, mientras el partido gana el gobierno y el gobierno funciona a partir de las necesidades del partido. Un evento lamentablemente regresivo.

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