Desaparición del CONEVAL y su impacto en el INEGI

Hace unos días se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la eliminación de los organismos autónomos. Entre los organismos afectados, no todos autónomos cabe mencionar, podemos encontrar algunos como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social.

 
Si bien todos los organismos tienen su relevancia para la protección de derechos y el desarrollo nacional, me concentraré únicamente en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), debido a la importancia que representa en un régimen en el cual la reducción de la pobreza ha sido el principal objetivo. 

De manera explícita la iniciativa señala que el motivo detrás de la eliminación del CONEVAL responde a que existe una duplicidad de funciones entre este organismo y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por lo que su coexistencia y desvinculación funcional no se justifica. Sin embargo, esta situación no puede estar más alejada de la realidad, ya que, de hecho, la diferencia entre ambas instituciones, más allá de las minucias jurídicas, reside precisamente en sus funciones. 

Por un lado, el INEGI es una institución encargada de normar y coordinar la generación de información estadística y geográfica, asegurando que esta cumpla con los requisitos de calidad. Para ello, el INEGI debe seguir entre otros principios, el de la imparcialidad, es decir, no emitir juicios técnicos sobre sus datos. 

Por su parte, el CONEVAL, desde su creación, ha tenido la función de evaluar la política social, es decir, nos permite conocer qué tan bien o qué tan mal han funcionado los programas sociales o qué tanto se ha reducido o se ha incrementado la pobreza. Para ello debe emitir opiniones técnicas o juicios sobre los avances o retrocesos en la materia, mismos que le ponen en el ojo del huracán. 

Recordemos, por ejemplo, la doble reacción que se suscitó hace un año cuando el CONEVAL presentó los resultados de la medición multidimensional de la pobreza en México. Por un lado, el gobierno federal aplaudió y se atribuyó como un logró que 5.1 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional. Pero cuando se abordaron los claroscuros de los resultados, como lo fue el incremento en la carencia de acceso a los servicios de salud, no faltaron los críticos que señalaban que la metodología para realizar el cálculo no era correcta. 

A partir de la reforma, lo que se busca, es que estas funciones ajenas y diferentes a las que realiza el INEGI pasarán a formar parte de sus actividades. Pero esta situación no vendrá sin costo alguno, pues el INEGI, atendiendo a su carácter imparcial y técnico, seguirá generando esta información. Pero lo más importante, es que tendrá que emitir juicios técnicos sobre los avances o retrocesos en materia de política social, por ejemplo, tendrá que informar si están funcionando o no, las Becas Benito Juárez o los apoyos a personas adultas mayores. Es posible que estos análisis no gusten a todo el público, y no faltará quién señale que tiene otros datos, afectando así el prestigio que tantos años le ha costado construir a la Institución.

 
El gobierno federal y la mayoría de morena en la cámara venden la iniciativa como una manera de reducir costos y hacer más eficiente la administración pública. Sin embargo, más allá de los costos y eficiencia, se corre el riesgo de costos políticos e institucionales, así como dejar a la sociedad sin mecanismos confiables de evaluación y rendición de cuentas de sus políticas.

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión