Desaparición del INAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está en la mira para ser desaparecido por el actual Poder del Estado. El ejecutivo impulsa su desaparición, secundado por un legislativo a modo, en una reforma constitucional eventualmente validada por un poder judicial desarticulado. El INAI es un órgano autónomo importante en la fiscalización transparente del ejercicio del poder desde la ciudadanía, la prensa, y las asociaciones civiles.

Gracias al organismo de transparencia, por ejemplo, en el sexenio de Vicente Fox se hizo público el llamado Toallagate, así como el tráfico de influencias de los hijos de Martha Sahagún; con Felipe Calderón se supo de los contratos de García Luna; con Enrique Peña Nieto, gracias a los mecanismos de transparencia, supimos de la Estafa Maestra. Ninguno de estos expresidentes, durante su mandato, amagó con desarticular al organismo.

Del mismo modo, en el sexenio pasado, gracias a los mecanismos de transparencia, se hizo público el tema de los contratos gubernamentales en el sector energético que tenía la empresa propietaria de la llamada Casa Gris, donde vivía en Houston José Ramón López Beltrán; la red de tráfico de influencias de los hijos de López Obrador y sus amigos en las obras faraónicas del presidente anterior, tales como el Tren Maya, Dos Bocas, o la Mega farmacia. 

El plan de desaparición del organismo de transparencia, según el argumento oficialista, se hace para eliminar privilegios y refrendar la austeridad gubernamental; sin embargo, el costo anual del INAI es apenas el 0.5% del gasto aprobado en el presupuesto federal, mientras las obras faraónicas han causado costos millonarios a sobre precio.

El otro argumento para justificar la desaparición del órgano es que sus funciones las absorberá una de las dependencias que se crearán durante este gobierno: la llamada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Es decir, los trabajos de fiscalización y transparencia para vigilar el actuar del gobierno los hará el propio gobierno, y será el gobierno quien decida qué datos se pueden hacer públicos y cuáles no. Justo como vivíamos durante la etapa de Partido de Estado a la cual parece que vamos de regreso.

 

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