Desaparición forzada, México y la ONU

En días pasados, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU emitió un informe sobre la situación en México. La Desaparición Forzada es un delito que puede tipificarse como Crimen de Lesa Humanidad, penado por el Derecho Internacional, que se define como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

En nuestra historia moderna, hay episodios en los que el Estado sí ha sido el agente activo en las desapariciones; como, por ejemplo, durante la Guerra Sucia entre las décadas de 1950 y 1980 contra opositores políticos; o durante la llamada Guerra contra el Narco, con operativos indiscriminados a partir de 2006; o en el caso de Ayotzinapa, en 2014, contra estudiantes activistas. Sin embargo, en la actualidad, la participación del Estado implica fallar en prevenir, investigar y desmantelar a los grupos criminales que comenten las desapariciones. Es decir, se tipifica la aquiescencia del Estado. 

Y es que México enfrenta una crisis de seguridad con más de 132 mil personas desaparecidas; pero, también, una crisis forense, con más 80 mil cuerpos sin identificar, menos de 4 mil carpetas de investigación en la materia, y una impunidad superior a 98%. Crisis que el Estado continúa minimizando, y la adjudica a ataques de la prensa crítica, de la oposición, de las organizaciones activistas, y -ahora- también de la ONU. Es decir, el gobierno no mantiene una postura técnica, sino una posición política. 

 En esta crisis, México es el único país con colectivos de Madres buscadoras. En esta crisis, el trabajo de la búsqueda recae en las familias, con los riesgos que implica esta actividad, tales como ser amenazadas, desaparecidas, o asesinadas.

En el informe de la ONU, lo que sigue es que éste se discuta en la Asamblea General, para diseñar los mecanismos de colaboración con la indispensable anuencia de nuestro país. Esta es una oportunidad imperdible para México, por la posibilidad de recibir ayuda financiera, en capacitación, cobertura y mejora forense. 

Y, aunque, la ONU ha fallado en señalar y combatir los Crímenes de Lesa Humanidad perpetrados por Israel en Palestina; o las violaciones al Derecho Internacional cometidas por Trump en Venezuela, Cuba, o Irán; ahora México tiene la oportunidad de recibir apoyo para trabajar en la crisis real de la Desaparición Forzada; sólo falta que el gobierno admita que necesita esa ayuda. Las familias de las y los desaparecidos, y la memoria de quienes ya no están, merecen como mínimo ese gesto.

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