División de poderes

La vida republicana, democrática, y civil, demanda que el poder del Estado sea soberano; es decir, que no exista otra potestad por encima de la representación de la población, el territorio, la propia organización política, y su marco legal. Así, para impedir que este poder soberano se ejerza de manera absolutista y autócrata, el ejercicio de la potestad del Estado se divide en tres instituciones con legitimidad y arreglo legal, a través de los tres poderes: legislativo, judicial, y ejecutivo.

De este modo, el legislativo tiene la potestad para normar el marco legal que rige a la población en el territorio; el judicial dirime las controversias y emite juicios sobre los actos de derecho; mientras que el ejecutivo tiene el mandato legal de ejecutar lo resuelto por los otros dos poderes colegiados. Este diseño clásico de las repúblicas democráticas con vida civil se ha ido perfeccionando desde la Grecia clásica, pasando por el renacimiento y la ilustración, hasta nuestros días.

Así, estos tres poderes hacen contrapeso político entre ellos, para que evitar que una sola postura (personal o de grupo) tenga el ejercicio absoluto del poder, ya que –de ser así- la democracia correría riesgos. Cuando hay desequilibrio en los poderes, es porque hay amenaza de pasar de la democracia a la demagogia, por el carisma de un liderazgo autócrata, por la indolencia de la ciudadanía que no se ocupa de manera crítica en la vida civil, o por ambas.

Por eso los populismos demagógicos necesitan debilitar el contrapeso de poderes; ya que, sin éste, un solo cuerpo de poder ejerce no sólo la ejecución de la administración pública, sino también la manera en la que se diseña el marco legal, o el modo de dirimir las controversias judiciales, de acuerdo a una postura personalísima. Para debilitar los contrapesos, se desprestigia el trabajo de los poderes; o se influencia, coacciona, o coloca a modo a las personas que los integran.

A pesar de que esto es de conocimiento básico sobre la Teoría del Estado y las Formas de Gobierno, la actualidad de nuestro país vive fenómenos que encajan en esta descripción y no lo estamos tomando lo suficientemente en serio. La reforma electoral del Ejecutivo Federal buscó coaccionar al poder legislativo, pero no logró los votos necesarios para hacer el cambio constitucional. Su plan B es ir por las leyes secundarias; pero –al ser inconstitucionales- la Suprema Corte las rechazaría.

Ahora, la Suprema Corte de Justicia tendrá relevo en su presidencia. El ministro Arturo Zaldívar termina su periodo y, en esta coyuntura delicada, el ejecutivo busca influenciar el proceso de sucesión para tener una corte “a modo” que le permita imponer su postura personalísima sin el engorro de la división de poderes y sus contrapesos. Por eso, más allá de si la propuesta del ejecutivo conviene o no, lo importante es preservar el Estado de Derecho y la república civil.

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