EE. UU. contra narcopolíticos en México

La relación diplomática entre México y Estados Unidos tiene una nueva escalada de tensión a partir de los pronunciamientos del Departamento de Justicia norteamericano sobre la presunta relación de políticos mexicanos con el crimen organizado. 

La lista de políticos es amplia, y salpica a varios partidos políticos; pero destaca ahora la acusación contra el actual gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios, acusados de colaborar con el Cartel de Sinaloa para que éste pudiera operar el tráfico y exportación de drogas a Estados Unidos, así como la presunta operación electoral que el cartel hizo en 2021 para asegurar la victoria del morenista Rocha Moya en aquella entidad.

La denuncia contra Rocha Moya en Sinaloa no es nueva. Desde agosto de 2021, los partidos de oposición PAN, PRD, y PRI, entregaron a la Organización de Estados Americanos un expediente de 53 páginas en el que se denuncia la intromisión de la delincuencia organizada para operar a favor de MORENA en varias entidades de México, en especial en Sinaloa, durante la elección de ese año.

Esta denuncia de hace casi 5 años vuelve a cobrar relevancia, luego de las declaraciones de Ismael “Mayo” Zambada durante los juicios que enfrenta por narcotráfico en Estados Unidos, en las que constata su relación con el gobernador de Sinaloa Rocha Moya, lo que perfila una nueva intromisión del gobierno norteamericano en nuestro país.

Esto ocurre en un contexto complejo: Donald Trump viene de una derrota militar y política en Medio Oriente, viene de un presunto atentado en su contra, viene de intervenir en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro sin la aprobación de su congreso, y viene desgastado por todos los malabares realizados para sepultar la participación propia y de las élites en los Archivos Epstein. El contexto, además, se enmarca en la amenaza que Trump ya había lanzado contra México, Cuba, y Colombia; así como en la reciente revelación accidental de que en nuestro país intervienen ilegalmente agentes de la CIA como activos de campo sin la aprobación del gobierno federal mexicano.

En este contexto, la presidenta de México ha respondido con corrección al aludir a la defensa de la soberanía nacional, a la cooperación sin sumisión, y a la petición de pruebas por parte de quien acusa. Sin embargo, la denuncia podría tener un impacto no sólo en la política nacional, sino en las pugnas intestinas dentro del partido en el poder, en el caso que efectivamente el Departamento de Justicia de Estados Unidos presente pruebas sobre la colusión del Cartel de Sinaloa y los políticos de MORENA. Ante ese escenario probable, la presidenta tendrá que elegir entre reaccionar como Jefa de Estado, o como Jefa de Partido, con las presiones que implican lidiar con el expresidente y con los grupos radicales de su partido.

Por otro lado, también en otro escenario probable, el gobierno de Estados Unidos podría presentar pruebas sólidas o no; y aun así intervenir en México. La historia reciente ya ha probado que Trump no tiene el menor respeto por el derecho internacional, por el debido proceso, por los derechos humanos, ni por la legalidad de sus acciones ante su propio congreso. Cualquiera de ambos escenarios representa un riesgo jurídico y político para nuestro país. La clave es cómo lo afrontaremos, no sólo la clase política, sino la ciudadanía en su conjunto.

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