El circuito de los ciudadanos notables

En junio pasado, el primer Consejo Directivo de MIAA —cuestionado desde hace tiempo por el deficiente servicio que ha ofrecido— llegó al final de su ciclo. Su renovación, según se ha informado sin fecha precisa, "iniciará en los próximos meses". Casi al mismo tiempo, el Instituto Estatal Electoral convocó a la reunión preparatoria para instalar, el 18 de agosto, el Observatorio de Participación Ciudadana. Los dos procesos avanzan juntos porque responden al mismo reflejo institucional: en las últimas tres décadas, prácticamente cualquier función pública en México ha pasado, en algún momento, por su propia versión de "ciudadanización" — consejos de agua, observatorios electorales, comités anticorrupción, mesas de seguridad, consejos de planeación, comisiones de búsqueda. La palabra "ciudadano" se volvió el sello que toda institución quiere estampar en su nombre para reclamar legitimidad. Y qué bueno.

Ese impulso, por cierto, tiene una historia concreta. Nació como herramienta central de la transición democrática mexicana: los observadores electorales de los años noventa, los primeros consejeros del entonces Instituto Federal Electoral, las comisiones de derechos humanos que apenas empezaban, existieron para vigilar a un Estado del que no nos fiábamos, y en ese momento cumplieron una función real e innegable. Sin embargo, treinta años después seguimos apelando al mismo recurso ante cualquier crisis de confianza institucional, multiplicando consejos, comités y observatorios con la misma fe de los noventa, pero sin haber construido con suficiencia, y en paralelo, los mecanismos de evaluación que esa expansión debería llevar consigo.

El problema —y en esto es necesario ser muy enfático— no es la ciudadanización. El problema es que casi nunca preguntamos si la ciudadanización ha estado a la altura de su origen. De los muchos espacios de participación ciudadana que existen hoy en México, ¿cuántos han producido resultados verificables? No actividades —sesiones, boletines, fotografías de instalación— sino resultados: decisiones que se hubieran tomado distinto sin esa participación, políticas corregidas por presión ciudadana, autoridades removidas o sancionadas por incumplir su encargo.

Sin embargo, cuando alguien exige cuentas a un representante ciudadano, la respuesta habitual es que esa persona no tiene poder de decisión real, así que no hay nada que exigirle. Esta respuesta, hay que decirlo, es más cierta en unos espacios que en otros: no pesa igual un comité que solo opina que un consejo que decide tarifas de un servicio esencial o el presupuesto de una planeación de largo plazo. Y donde el poder real existe, la falta de controles importa más, no menos.

Pero incluso donde de verdad no hay poder, la pregunta útil no es qué le exigimos a la persona sentada en esa silla, sino qué le exigimos a la institución que la sentó ahí sin darle herramientas para decidir. Y hace falta preguntarlo en las dos direcciones: si a los representantes ciudadanos les exigimos cuentas, y si ellos mismos tienen algo con qué exigírselas a la autoridad que los convocó. En la mayoría de estos espacios la respuesta es no, en ambos sentidos. El ciudadano no puede ser evaluado, removido o sancionado por la ciudadanía que dice representar; tampoco puede vetar, condicionar presupuesto o imponer consecuencias a quien lo convocó. Tiene voz, casi nunca voto vinculante, y ninguna palanca si la autoridad decide simplemente ignorarlo.

Encima de todo, con el tiempo se forma algo que podríamos llamar el circuito de los "ciudadanos notables": un grupo relativamente pequeño de personas que entra a un consejo precisamente porque ya estuvo en otro, y antes de este, en otro, hasta que haber ocupado un espacio "ciudadano" se convierte, por sí mismo, en la credencial que abre la puerta al siguiente. El sociólogo Robert Merton llamó a esta dinámica "efecto Mateo", la ventaja que se acumula en quien ya fue reconocido una vez y que atrae más reconocimiento por inercia de prestigio, no por mérito renovado. Aplicado aquí, produce circuitos que se legitiman entre sí mientras la ciudadanía amplia —la que no tiene relaciones ni credenciales técnicas para entrar en ellos— sigue exactamente donde se encontraba antes de que la palabra "ciudadano" apareciera en el nombre de la institución. No hace falta mala fe para que esto pase; basta con que la escasez de perfiles disponibles vuelva la experiencia previa el criterio de selección por defecto.

De ahí que un mecanismo de participación bien diseñado también debería buscar a quien nunca ha participado: la colonia sin representación, la persona usuaria que nunca fue consultada, quien no conoce a nadie dentro del ayuntamiento ni del organismo que convoca. Ese debería ser otro de los criterios de éxito de un observatorio o un consejo ciudadano —cuánta gente nueva incorporó—, no cuántas sesiones celebró. Pero el diseño más frecuente hace casi lo contrario.

Quizás sea momento de tratar la participación ciudadana como cualquier otra institución democrática: un mecanismo que hay que evaluar, exigir y, si no funciona, rediseñar, en vez de un bien que basta con tener. El riesgo real no es que falte ciudadanización en México; es que sobre, sin que nadie conserve ya la costumbre de preguntarle a cada consejo, comité y observatorio qué hizo realmente con el poder que dijo estarle dando a la ciudadanía.

-

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión.