El Salvador, pero no de la democracia

El pasado 31 de julio, el Congreso de El Salvador, controlado por el partido del presidente, Nayib Bukele, abrió la puerta a la reelección presidencial indefinida con el voto a favor de las 57 diputaciones oficialistas y apenas tres votos de la oposición. La reforma constitucional, aprobada en fast track, también extiende el mandato de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta en elecciones. Aunque la iniciativa fue presentada como el fortalecimiento de la voluntad popular, constituye un caso de estudio sobre cómo las democracias pueden morir desde dentro.

Los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, advierten que los regímenes autoritarios del siglo XXI ya no nacen de golpes de Estado, sino a través de decisiones legales, cuando gobernantes electos democráticamente concentran el poder a costa del debilitamiento de normas e instituciones. En su libro “Cómo mueren las democracias”, sostienen que este proceso no ocurre de un día para otro, la erosión democrática —como señalan los autores— ocurre gradualmente con liderazgos que rechazan las reglas, eliminan los contrapesos, castigan la disidencia y restringen libertades civiles como la libre expresión, todo esto, respetando la legalidad formal.

Cuando ello sucede, la competencia política deja de ser un espacio de alternancia para convertirse en una estructura hegemónica. La reelección indefinida es una expresión clara de ese riesgo: borra el principio de temporalidad del poder y debilita el derecho ciudadano a cambiar de gobierno sin violencia. 

A pesar de que la Constitución salvadoreña prohibía expresamente la reelección presidencial, en febrero de 2024 Bukele se reeligió como presidente con apoyo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conformada en su mayoría por jueces afines.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo en 2021 que la permanencia en el cargo de quien ejerce la presidencia de un país no es un derecho humano, pues las restricciones a la reelección indefinida tienen la finalidad de garantizar la democracia representativa, la alternancia en el poder y el pluralismo político, en respuesta a la opinión consultiva OC-28/21.

Las señales de alarma no obedecen solamente al cambio constitucional, sino la normalización del autoritarismo disfrazado de legalidad. Si las instituciones no resisten y la sociedad no responde, las democracias pueden seguir existiendo de nombre, pero perder su esencia. Como bien advierten Levitsky y Ziblatt: la democracia no suele morir a gritos, sino en silencio.

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