Eliminación de órganos autónomos

En una maniobra previsible, y hasta obvia en su modo de ejercer el poder, el titular del Ejecutivo federal anunció que el próximo 5 de febrero enviará al Legislativo la iniciativa de reforma que busca desaparecer los organismos autónomos que fiscalizan el ejercicio del poder presidencial. El argumento es que estos órganos sirven “para proteger a particulares y afectar el interés público”, según el presidente.

La realidad es que esos organismos han propiciado el proceso de transición democrática. Prácticamente todos tienen menos de 20 años de edad, y su creación ha intentado consolidar las vías institucionales de contrapeso al poder, durante el periodo posterior a la alternancia partidista y a la derrota del partido hegemónico; sí, ese periodo de más de 80 años representado por el PRI en la presidencia. 

Entre los Órganos Autónomos más importantes están: el INAI, encargado de garantizar el acceso a la información pública, la protección de datos personales, la transparencia gubernamental, y la rendición de cuentas del gobierno. La COFECE, que busca eliminar monopolios, y promover el funcionamiento eficiente de los mercados. El IFT, que busca regular servicios de telecomunicaciones. También la CRE, que regula el mercado de producción energética. 

Entre estos organismos autónomos amenazados también se encuentran el Banco de México, encargado de regular al sistema financiero y garantizar el poder adquisitivo de la moneda; así como el Instituto Nacional Electoral, dedicado a organizar y realizar los procesos electorales en México, en marcos legales de democracia, participación ciudadana, equidad en el sufragio, y apego a las leyes que rigen el régimen político que tenemos.

El único Organismo Autónomo que no se encuentra bajo amenaza de desaparición es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y no porque ese tema sea de interés para el mandatario; las notas diarias de la prensa retratan que el asunto poco le importa; este organismo no entra en el paquete de reformas porque lo opera una incondicional del presidente. De ese tamaño es el tema.

El presidente emitirá esta iniciativa ante un legislativo que se ha mostrado o sumiso o coaccionado, para -según él- evitar intermediarios eAntre su liderazgo y el pueblo bueno, el pueblo sabio. La realidad es que está propiciando el desmantelamiento institucional necesario para que quien le suceda en el poder se encuentre con un modelo democrático desarticulado, lo que abre la puerta a un pasado atroz.

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