La economía circular y el futuro de los residuos en México

Seguramente usted ha escuchado la frase “la basura de uno es el tesoro de otro”, una expresión que alude a cómo aquello que para una persona resulta inservible puede convertirse en una alternativa de uso para otra. Bueno, pues detrás de esta idea se encuentra el concepto de economía circular, un modelo que propone transformar los patrones tradicionales de consumo basados en producir, usar y desechar, por esquemas que priorizan alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos. De esta manera, se extiende el ciclo de vida de los bienes, lo que genera beneficios no solo ambientales, sino también económicos.

En este contexto, cobra especial relevancia que en un país como México —donde se generan más de 108 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos— se haya aprobado la Ley General de Economía Circular, orientada a promover políticas y mecanismos que permitan incrementar la vida útil de los productos, minimizar y valorizar los residuos, así como coordinar las atribuciones entre los distintos órdenes de gobierno.

De manera específica, esta Ley incorpora un mecanismo denominado Responsabilidad Extendida del Productor, el cual establece que las empresas deben asumir responsabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida de sus productos, incluyendo la generación de residuos. Por ejemplo, en el caso de una empresa de bebidas embotelladas, la responsabilidad no termina en el proceso de llenado, sino que se extiende hasta el momento en que el consumidor final desecha el envase. Con ello, se busca que, mediante regulaciones e incentivos, se reduzca de forma gradual el desaprovechamiento de residuos.

Desde una perspectiva local, esta Ley abre nuevas oportunidades de inversión para el estado de Aguascalientes. Se estima que diariamente se recolectan en promedio 1,269 toneladas de residuos sólidos urbanos, sin considerar los desechos generados por los procesos productivos de las grandes industrias. Aprovechar este potencial requerirá, sin duda, inversiones en plantas de tratamiento de residuos, así como en infraestructura para separación, clasificación y valorización de materiales.

No obstante, junto con las oportunidades también emergen importantes retos. Mientras que las grandes empresas suelen contar con esquemas de reducción de residuos impulsados por normativas internacionales, las micro, pequeñas y medianas empresas podrían enfrentar mayores dificultades debido a sus limitados recursos técnicos y financieros para dar seguimiento al destino final de sus productos. Por su parte, los municipios continuarían operando con capacidades financieras restringidas, lo que limita su margen de acción para invertir en infraestructura adecuada. A ello se suma un obstáculo estructural, la débil cultura del reciclaje en México, donde los costos suelen recaer en el consumidor final, desincentivando la participación ciudadana.

Aún está pendiente la armonización de la Ley General de Economía Circular con las legislaciones estatales, proceso para lo cual se estableció un plazo de 180 días naturales. Sin embargo, más allá de los tiempos normativos, esta reforma puede marcar el inicio de una nueva industria verde, capaz de generar valor económico, empleo e innovación, siempre que se logre articular de manera efectiva a gobiernos, empresas y ciudadanía en torno a un mismo objetivo: transformar los residuos en una oportunidad de desarrollo sostenible. 

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