La encrucijada de la seguridad en México: ¿Hacia un nuevo equilibrio civil y militar?

Al cierre del primer gobierno de la Cuarta Transformación, es innegable que las Fuerzas Armadas terminan el sexenio con la confianza y el respeto de la población mexicana. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, 90.1% de la población de 18 años y más identifica a la Marina y al Ejército como las instituciones que más confianza les inspira y que más efectivas resultan en su desempeño.

No es difícil de entender la razón de estos resultados. Históricamente, las Fuerzas Armadas se han mantenido relativamente ajenas a las actividades políticas, han sido actores clave en el auxilio de la población ante desastres naturales, y sin duda su disciplina, valores y hasta sus desfiles y ceremonias han entusiasmado la imaginación popular, lo que en su conjunto abona a la admiración de una parte de la población.

No obstante, a medida que las Fuerzas Armadas han asumido un rol central en la seguridad pública y se han hecho responsables de una amplia gama de tareas civiles, surge una inquietante pregunta: el creciente poder militar, ¿no amenaza con romper equilibrios y poner en riesgo la preservación del orden civil?

La pregunta es legítima ante la gradual militarización del país, que ha alcanzado su punto culminante con la propuesta del titular del Ejecutivo Federal de trasladar la Guardia Nacional al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Sin duda, México se encuentra en un punto crítico. El Ejército y la Marina ya desempeñan funciones de seguridad pública, como patrullar calles y vigilar territorios, además de asumir tareas civiles como la construcción de aeropuertos, la distribución de vacunas e incluso participan en la definición de la política científica nacional. 

Pero la injerencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad y en tareas civiles tiene consecuencias. La primera, es que expone a la población civil a lógicas y escenarios propios de acciones militares, que son más adecuados para contextos de guerra, que de seguridad pública. Esto ha derivado en violaciones graves a derechos humanos que han sido puntualmente documentadas. Al mismo tiempo, la presencia constante del Ejército en las calles lo expone al desgaste institucional y afecta su prestigio. 

El problema de fondo es que la paulatina militarización del país refleja la debilidad institucional del Estado mexicano. Al carecer de cuerpos policiales civiles, profesionales y confiables, históricamente el Estado mexicano ha recurrido a las Fuerzas Armadas para enfrentar situaciones de crisis. No obstante, esta dependencia ha venido acompañada de un descuido en la profesionalización de las instituciones civiles y de otros órganos del Estado, fundamentales para el mantenimiento del orden y la seguridad. De este modo, desde hace décadas estamos atrapados en un círculo vicioso que aún persiste.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum tendrá la responsabilidad de establecer un nuevo equilibrio entre el poder civil y el poder militar. Cabe recordar que, durante su gobierno en la Ciudad de México, su estrategia de seguridad se centró en el fortalecimiento de las fuerzas policiales. De hecho, la muy temprana designación de Omar García Harfuch como próximo titular de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) permite pensar que la próxima presidenta de México apostará por reforzar el esquema civil en seguridad. 

Al mismo tiempo, el retraso en los nombramientos de los próximos titulares de la SEDENA y la Secretaría de Marina (SEMAR) podría indicar la complejidad del tema y nos da una idea de los delicados ajustes y acuerdos que deberá hacer si su intención es realmente recuperar la seguridad pública bajo el mando de la esfera civil. 

En un par de semanas, o quizás antes, sabremos qué depara el futuro para México: si se logrará un nuevo equilibrio entre lo civil y lo militar o si se profundizará la apuesta por la militarización con todas las consecuencias que ello conlleva.