La encuesta que llega tarde, pero llega

Después de casi diez años sin una medición nacional en hogares, la publicación de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT) es una buena noticia. No porque venga a confirmar prejuicios o a alimentar el pánico moral, sino porque devuelve algo indispensable para cualquier política pública seria: información. Sin datos, el debate sobre drogas queda reducido a intuiciones, consignas o cálculos políticos; con datos, al menos, se abre la posibilidad de discutir con evidencia.

La ENCODAT no pretende explicarlo todo. Ninguna encuesta lo hace. Pero sí nos ofrece un fragmento clave de la realidad: quiénes consumen, qué consumen, a qué edades, en qué regiones y bajo qué patrones generales. Ese fragmento es suficiente para desmontar simplificaciones y, sobre todo, para recordar que México no es solo un país de tránsito o de producción, sino también un país de consumo, con consecuencias directas en salud pública, bienestar y derechos.

Que la encuesta reaparezca en 2025 obliga, sin embargo, a una pregunta incómoda: ¿por qué no se levantó antes? La última medición comparable era de 2016. En un contexto marcado por transformaciones profundas —pandemia, cambios en los mercados de drogas, surgimiento de nuevas sustancias y de nuevas formas de consumo—, el silencio estadístico no fue menor. Sin embargo, no se trató de un problema técnico: México tiene instituciones con capacidad probada para hacerlo. Fue, ante todo, una decisión política.

Durante el sexenio anterior se privilegió un discurso de ruptura con la “guerra contra las drogas” y se habló de atender las causas, de prevención y de paz. Se apostó por una política basada en la prevención. Este giro retórico fue relevante. Sin embargo, extrañamente convivió con una enorme desconfianza hacia la medición. En efecto, levantar la encuesta implicaba exponerse a resultados incómodos, a matices, a contradicciones. En ese sentido, la política de drogas se movió más en el terreno moral y simbólico que en el de la evaluación sistemática. Y cuando una política pública renuncia a medirse, corre el riesgo de convertirse en narrativa sin corrección.

Más grave aún fue que, bajo un discurso supuestamente progresista, persistió una visión conservadora y neoliberal del consumo de drogas: prohibición intacta, usuarios desprotegidos, estigmatización persistente y una enorme brecha entre consumo y atención. De hecho, la encuesta confirma que una proporción mínima de personas usuarias ha tenido acceso a tratamiento, lo que revela un Estado más dispuesto a regular mercados financieros que a cuidar cuerpos y trayectorias de vida.

El caso del cannabis es emblemático. A pesar de los mandatos de la Suprema Corte y del debate público acumulado, no se avanzó en una regulación integral. Se dejó a las personas usuarias en un limbo jurídico: ni criminalizadas del todo, ni reconocidas plenamente como sujetas de derechos. Esa parálisis no fue neutral; benefició a mercados ilegales y dejó sin protección a miles de personas que consumen sin acceso a información, regulación de calidad ni políticas de reducción de riesgos.

Por eso, la ENCODAT 2025 es bienvenida, pero no debe ser leída como punto de llegada. Es apenas un punto de partida. Los datos no exigen mano dura ni regresos a viejos esquemas punitivos; exigen un cambio de paradigma. Exigen pensar las drogas desde la salud pública, la regulación, los derechos humanos y la evidencia, no desde el miedo ni la moralización.

Medir es el primer paso. El siguiente es más difícil: atreverse a regular, a proteger a las personas usuarias, a reconocer que el prohibicionismo ha dejado demasiados daños y muy pocos resultados. Si la encuesta sirve para empujar esa conversación, entonces, aunque llegue tarde, habrá valido la pena.

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