La madre de las elecciones

Otra reforma electoral agita las corrientes de la democracia mexicana. Aunque el plan A fue rechazado por no alcanzar mayoría calificada el 11 de marzo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó una nueva iniciativa que podría engendrar jornadas electivas crecientes en cuanto al número de cargos en disputa. La pregunta aquí es: ¿México está listo para enfrentar un mayor despliegue de representación política en una sola jornada?

En 2027 se renovarán los 300 escaños de la Cámara de Diputaciones, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y más de mil ayuntamientos en 30 estados, incluyendo Aguascalientes. A esto se suma la segunda parte de la elección judicial federal con cerca de 850 cargos a relevar entre magistraturas y juzgados de circuito, así como las entidades en su primer o segundo proceso judicial local. El llamado “Plan B” plantea añadir a esa misma fecha la revocación de mandato de la Presidencia de la República. 

La concurrencia de la consulta revocatoria con la jornada comicial -que reunirá elecciones tradicionales y judiciales- anticipa un reto, de naturaleza organizativa para las autoridades electorales, y de carácter cívico, para la ciudadanía en general. El “as bajo la manga” del oficialismo considera la posibilidad de solicitar este instrumento de participación ciudadana a partir del segundo año de gobierno. La propuesta sería dictaminada el lunes y votada el martes próximo en el Senado.

De aprobarse en esos términos, los comicios del próximo año llevarán al límite la capacidad institucional de un sistema de elecciones, mientras sufre recortes presupuestales tanto en el ámbito federal como en los estados del país. También llevará al límite a las personas electoras que podrían recibir hasta siete boletas y acudir a dos casillas distintas para ejercer su derecho al voto y, francamente, me preocupa más este aspecto que el primero. 

Las autoridades electorales han demostrado resiliencia institucional al haber afrontado la incorporación del Poder Judicial al catálogo de cargos electos por voto popular, así como la organización de diversos mecanismos de participación ciudadana en los estados y el país. Sin embargo, el electorado no ha respondido con el mismo interés a los ejercicios efectuados en los últimos años, que han arrojado índices de participación sumamente bajos, lo que evidencia que las estrategias para contrarrestar la apatía electoral con educación cívica, han resultado insuficientes. 

La coyuntura tiene dos ejes muy claros: la magnitud inédita de la elección y la preocupación por la capacidad ciudadana para procesarla. Continuaré abordando esta tensión en próximos comentarios.

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