La política exterior no es solo para presidentes

Vivimos en un mundo donde las fronteras tradicionales se han vuelto difusas. Decisiones tomadas en Washington, Pekín o Bruselas impactan de manera directa e inmediata en nuestras ciudades y estados. Hoy, la política exterior ya no es exclusiva de los gobiernos centrales, y México es un claro ejemplo de esta transformación.

Desde la política migratoria hasta las regulaciones comerciales, los efectos de la globalización se sienten en cada rincón del país. La reciente escalada de tensiones económicas entre Estados Unidos y China, las restricciones migratorias impuestas en la frontera norte y los cambios en las cadenas de suministro han generado un impacto profundo en los estados mexicanos. Sin embargo, en muchos congresos locales, la respuesta ha sido casi inexistente.

Los legisladores estatales deben asumir que su trabajo ya no se limita a la regulación interna de sus estados. Las decisiones que afectan a sus ciudadanos muchas veces no se toman en sus congresos, sino en capitales extranjeras, y es su responsabilidad diseñar estrategias para mitigar los efectos negativos y aprovechar las oportunidades que surjan. Sin estructuras legislativas que les permitan reaccionar de manera efectiva, los estados mexicanos seguirán en desventaja.

Algunas entidades han comenzado a dar pasos en la dirección correcta. Se han creado comisiones de asuntos internacionales en varios congresos estatales, pero su impacto sigue siendo limitado. En muchos casos, estas comisiones funcionan más como foros de pronunciamiento que como espacios donde se diseñen estrategias de acción real. Mientras tanto, la presión migratoria en el sur y el endurecimiento de políticas en el norte han dejado a muchas ciudades en una crisis humanitaria, sin el respaldo necesario para gestionar la situación.

Un ejemplo claro es el impacto de la política migratoria de Estados Unidos en las ciudades fronterizas y en aquellas que reciben a personas en tránsito. Sin herramientas para atender estas realidades, los gobiernos locales quedan desbordados, sin un marco legal adecuado para proteger los derechos de las personas migrantes o gestionar los efectos económicos y sociales de estos movimientos. Lo mismo ocurre con el comercio: los aranceles y restricciones impuestas por potencias extranjeras afectan directamente a productores locales, quienes muchas veces carecen de apoyo legislativo para adaptarse a estos cambios.

Es urgente que los congresos locales abandonen la comodidad de los pronunciamientos simbólicos y adopten una visión estratégica. La creación y fortalecimiento de comisiones especializadas en asuntos internacionales no es una cuestión opcional, sino una necesidad para enfrentar los desafíos globales. No podemos permitir que la política exterior siga siendo monopolio exclusivo del gobierno federal.

El futuro exige congresos locales con una mentalidad más global. Estados como Nuevo León, que han buscado atraer inversión extranjera con acuerdos estratégicos, o Baja California, que ha trabajado en coordinación con autoridades estadounidenses en temas migratorios, muestran que los estados pueden ser actores clave en la diplomacia subnacional. Pero para que esto sea una realidad a nivel nacional, es necesario institucionalizar estas iniciativas, dotarlas de presupuesto y convertirlas en políticas de largo plazo.

Los estados mexicanos tienen el potencial de ser protagonistas en el escenario global. Pueden generar alianzas con ciudades extranjeras, impulsar la cooperación en temas como el cambio climático y diseñar estrategias para enfrentar las crisis económicas internacionales con mayor autonomía. Pero para lograrlo, sus congresos deben asumir plenamente esta responsabilidad.

El tiempo de las palabras vacías y las buenas intenciones se ha terminado. Ahora es momento de acciones claras y decisiones legislativas concretas que permitan a las entidades federativas adaptarse y defender sus intereses en un mundo donde lo global y lo local están más conectados que nunca.

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