La puerta giratoria

Desde siempre la cuestión del castigo penal ha sido preocupación que ha ido junto con el tema de los delitos. Desde la llamada ley del Talión o de la compensación: ojo por ojo, diente por diente, pasando por las etapas de la venganza privada, la venganza pública, la visión sociológica del delito, la escuela científica, hasta las tendencias actuales de la reinserción social, las ciencias penales no han dado pie con bola. Idealmente la sanción tendría que tener efectos múltiples: castigar al delincuente, reparar el daño que causó, disuadirlo de que vuelva a delinquir y lograr que su “equipo mental” se ajuste al de la comunidad en la que vive para que no se le vuelva a presentar la tentación de apartarse del “buen camino”. Por supuesto el delito y la delincuencia, como no dependen sólo de los delincuentes, no se corregirán sólo poniendo la mira en ellos ni en la policía. Una visión policíaca y aún criminológica siempre serán insuficientes. 
El Secretario de Seguridad ponía énfasis la semana pasada en la llamada “puerta giratoria” que básicamente es la posibilidad de la reincidencia de la que se ha culpado reiteradamente a los jueces, a partir del desconocimiento del trabajo jurisdiccional y en buena medida de las opiniones infundadas de los responsables de la seguridad, que suelen quejarse en los términos de lugares comunes: nosotros los detenemos y los jueces los sueltan. No es tampoco una cuestión que pueda resolverse con un trabajo de coordinación y menos aún, con la pretensión de someter a los jueces a una supervisión, tutela o vigilancia más allá de la que el propio Poder Judicial establezca desde su autonomía.    
Una tendencia fuerte en materia penal ha sido que la sanción tenga una equivalencia a la conducta antisocial, de manera que una vez castigada teóricamente quedaría pagada la deuda con la sociedad. Si vuelve a delinquir no tendría por qué tener una sanción mayor, el caso de la reincidencia. Al entrar en vigor el nuevo sistema de justicia penal hubo, por la Corte un borrón y cuenta nueva, y las reglas de la reincidencia cambiaron. El resultado del nuevo sistema no parece ser tan positivo como lo pregonaron. Sin embargo en el Estado no podemos cambiar ese marco de referencia. 
El Plan de Desarrollo de Aguascalientes plantea puntos preocupantes en cuanto al papel de los órganos policíacos y sus relaciones con la Fiscalía y con el Poder Judicial, a los que deben estar sometidos y no al revés. Es un tema sobre el que hay que profundizar. 

Es todo por hoy, hasta una próxima, si la hay.

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