La segunda elección judicial
Llegó el día: hoy, más de un millón 122 mil aguascalentenses decidiremos en las urnas quiénes impartirán justicia en nuestro país y estado. Esta jornada representa un momento inédito en la historia reciente pero no es, en realidad, la primera vez que en Aguascalientes elegimos magistraturas por voto popular.
La elección judicial fue una práctica reconocida desde nuestra primera Constitución estatal, promulgada en 1857. Este cuerpo normativo —el primero de su tipo en Aguascalientes— estableció en su artículo 87 que el Tribunal Supremo de Justicia se compondría de tres magistrados propietarios, elegidos popularmente el día siguiente a la elección de gobernador. Nuestra entidad apostó desde temprano por la participación directa de la ciudadanía, a diferencia de la Constitución federal, que establecía un sistema de elección indirecta para los tres poderes.
El sistema electoral vigente en aquel entonces era de voto indirecto en primer grado: los ciudadanos varones mayores de 21 años votaban por un elector por cada 50 mil personas; luego estos se reunían en un Colegio Electoral y, mediante escrutinio secreto, seleccionaban a quienes ocuparían los cargos. Posteriormente, en la Constitución local de 1861 se ajustó la temporalidad de estas elecciones judiciales para que se celebraran ocho días después de la elección de gubernatura. Para postularse como magistrado se requería, entre otros requisitos, ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, originario de cualquier estado de la federación y, sobre todo, ser considerado idóneo en derecho por los electores.
Fue bajo ese marco normativo que Aguascalientes celebró elecciones legislativas y judiciales el 7 de junio de 1891, tres décadas después de su reconocimiento como estado independiente. Nuestros tatarabuelos acudieron a las urnas a elegir a los diputados del Congreso local y a tres magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Este hecho está documentado en el Decreto 577, que se encuentra en el archivo del Congreso del Estado.
Aguascalientes ha tenido cuatro constituciones y la elección judicial se mantuvo vigente hasta la promulgación de la Carta Magna de 1917 en la que se estableció que los magistrados serían elegidos por el Congreso del Estado, y que estos, a su vez, designarían a los jueces de primera instancia, alineándose así con el nuevo orden federal.
Recuperar la memoria política de nuestro estado no es un simple ejercicio de nostalgia. Es una herramienta para comprender el presente. Porque es difícil entender dónde nos encontramos si no sabemos dónde estuvimos.
Por lo pronto no dejemos que otros decidan por nosotras, nosotres y nosotros. Salgamos a votar. No renunciemos a nuestra voz.
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