La tentación de los espacios reservados

Al ir a centros comerciales, restaurantes, cines u oficinas de gobierno, encontraremos algunos cajones de estacionamiento, los más cercanos a la entrada, apartados para gente con discapacidad a fin de facilitar su acceso a estos espacios. No se considera injusto que quienes sufren limitaciones de movimiento reciban un trato especial cuando el resto de la población goza de facultades suficientes para caminar unos metros más. La igualdad supone procurar que cada persona encuentre las mismas oportunidades en su día a día.

En materia electoral es así: por primera vez, en 2024, los partidos políticos en todo el país fueron obligados a destinar algunas candidaturas a personas pertenecientes a ciudadanías que fueron históricamente discriminadas del acontecer político. El propósito de esta cuota es ampliar las posibilidades de que estos grupos subrepresentados obtuvieran alguno de los más de 20 mil cargos que se disputaron en la elección más grande en la historia democrática de México.

En Aguascalientes esta política identitaria no es nueva, ya que desde 2021 se establecieron cuotas para que quienes han sufrido exclusión por discapacidad, identidad sexogenérica, preferencia sexual, origen étnico o racial pudieran postularse a un cargo de elección a través de una acción afirmativa, un cajón de estacionamiento un poco más cercano al poder público. De hecho, el estado es pionero en reservar espacios a algunas de estas poblaciones en la conformación de Consejos Distritales y Municipales dedicados a la organización electoral en los distritos y municipios de la entidad.

La implementación de medidas compensatorias es posible gracias a la batalla legal emprendida por la sociedad civil organizada y, en los últimos años, los institutos y tribunales electorales han emitido lineamientos, criterios y sentencias en busca de pulir su implementación, pues la mayor parte del país todavía no lo prevé en sus respectivas leyes. Pese a los antecedentes jurisdiccionales, la ausencia de marco legal complicó el cumplimiento efectivo de estas medidas, pues durante las elecciones del pasado mes se acusaron decenas de casos en los que estos espacios preferenciales fueron aprovechados indebidamente por personas políticas que, con la venia de sus partidos políticos, ocuparon o buscaron ocupar candidaturas reservadas a grupos vulnerables sin formar parte de estos. Y algunas de ellas ganaron.

Pese a que las autoridades electorales establecieron ciertos requisitos para comprobar la pertenencia a estas ciudadanías durante el registro de candidaturas, la realidad es que en prácticamente todo el territorio nacional, las grietas en el proceso de autoadscripción junto con la codicia de los partidos políticos, dieron pauta a la simulación y usurpación de espacios para los que no eran elegibles. Hacen falta reformas legislativas que orienten a autoridades electorales, partidos y a la ciudadanía en general, donde se prevean procedimientos claros para calificar puntualmente la auto identificación y el trabajo en favor de las comunidades, a las cuales une un sentido reclamo de representación en los espacios de gobierno, desde donde se vele por sus demandas e intereses.

Con el pretexto de ahorrarse unos pasos, es común encontrar automóviles acaparando los estacionamientos de personas de la diversidad funcional privándoles -muchas veces- de la posibilidad de realizar sus actividades; en materia electoral es así, beneficiarse de estas cuotas sin necesitarlas es un despojo. Consolidar una democracia participativa, plural e igualitaria no es posible hasta que como sociedad comprendamos la importancia ética, legal y social del respeto, así en la vía pública, como en política.

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