Ley esposa: la paridad como botín político

A estas alturas, cualquier comentario sobre la Ley Esposa remite a la intención de gobernadores de ciertos estados del país de “heredar” el cargo a sus cónyuges en la elección del 2027.

San Luis Potosí fue el epicentro de la controversia, tras aprobar una reforma que obliga a las fuerzas políticas a postular solamente a mujeres como candidatas a la gubernatura, un movimiento replicado en Hidalgo y posiblemente en Nuevo León y Michoacán; en todos los casos, con el nombre y apellido de la primera dama, lo que entra en colisión con la iniciativa contra el nepotismo impulsada desde la Presidencia de la República.

Esa tal ley de la que tanto se habla tiene origen en la alternancia electiva, una iniciativa con la que se pretende que los partidos alternen el género de sus candidaturas a gobiernos y presidencias municipales, para que si en un proceso electoral compitió un hombre, en el siguiente se registre una mujer al mismo cargo y así, sucesivamente.

En diciembre de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia SUP-RAP-116/2020 vinculó tanto al congreso federal como a los congresos estatales a legislar la paridad en gubernaturas previo a los comicios del 27. La alternancia electiva ha sido parte de las opciones que estados como Querétaro  han implementado para acatar el mandato jurisdiccional, aunque en este caso entrará en vigencia hasta 2033.

Si bien el principio de paridad de género fue elevado a rango constitucional hace más de una década en busca de alcanzar una representación equitativa de mujeres y hombres en el sector público, persisten techos de cristal en ciertas áreas del poder. Actualmente hay 12 estados y cientos de municipios que nunca han sido encabezados por el género femenino; tan solo en Aguascalientes son seis los ayuntamientos.

Mientras se anuncian acciones de inconstitucionalidad contra la reforma, reviven discusiones que parecían superadas como el que las cuotas de género se impongan al mérito y las capacidades de los varones, como si antes de su existencia las candidaturas hubieran sido asignadas, siempre, bajo estos criterios. Quizá la discusión no sea sobre la alternancia electiva —o la mal llamada Ley Esposa—, tal vez en el fondo sea la manera en que los partidos políticos seleccionan a sus personas candidatas. Mientras los dedazos y acuerdos cupulares continúen definiendo los nombres que aparecen en la boleta sin considerar a la militancia y a la ciudadanía en general, con o sin paridad de género, en esta o cualquier otra coyuntura, estallarán desacuerdos de alta sismicidad.

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