Más allá de la militarización: el auge de la seguridad privada y sus implicaciones

En los últimos años, el debate público en México se ha concentrado en el tema de la militarización de la seguridad pública. Aquí y allá, escuchamos noticias, mesas de análisis e investigaciones periodísticas sobre cómo las fuerzas armadas desempeñan tareas de seguridad que en principio corresponden a policías civiles. Sin embargo, esta discusión, aunque crucial, ha eclipsado otro tema igualmente toral: el de la privatización de la seguridad.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estable que la seguridad pública es una función del Estado cuyo objetivo es proteger la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como mantener el orden público y la paz social.
Sin embargo, la Constitución también contempla la seguridad privada. De hecho, existe todo un marco regulatorio cuya función es autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el país, garantizando su organización y funcionamiento adecuados, como auxiliares de la seguridad pública.
A pesar de esta función auxiliar, en los últimos años, se ha observado un preocupante aumento del número de empresas de seguridad. 
De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2024 del INEGI, las empresas de seguridad privada registradas a nivel nacional se duplicaron en una década, pasando de 3,014 en 2010 a 6,138 en 2022. Este incremento significativo nos lleva a preguntarnos a qué se debe este alarmante crecimiento de la industria. 
Varios factores impulsan el incremento de proveedores de seguridad privada. Sin duda, la percepción de inseguridad en el país lleva a vecinos y empresas a contratar servicios privados para vigilar sus condominios o proteger sus instalaciones. Además, la creación y expansión de corporaciones, la construcción de espacios como áreas residenciales y centros comerciales, también contribuyen al crecimiento del sector.
Sin embargo, más allá de proteger, desafortunadamente el crecimiento de la seguridad privada conlleva efectos negativos. Un ejemplo claro es la segregación social que acompaña este fenómeno. La construcción de espacios o cotos residenciales fortificados, los cotos que tanto vemos en Aguascalientes, marcan una distancia frente a otros barrios, lo que contribuye a la fragmentación y polarización de las ciudades. 
Además, la privatización de seguridad mediante la contratación de empresas especializadas se ha visto acompañada de una privatización indirecta: esto es, de la adquisición de equipos de vigilancia y monitoreo para hogares y negocios. De hecho, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 reveló que en 2022 la ciudadanía gastó más de 89.1 mil millones de pesos en medidas preventivas, como cambiar o colocar cerraduras y/o candados, cambiar puertas o ventanas, instalar rejas o bardas, coordinar acciones con vecinos o hasta adquirir un perro guardián.
Por último, no debemos pasar por alto que, con frecuencia, estas empresas no brindan condiciones laborales adecuadas a sus empleados, por lo que los guardias de seguridad privada a menudo ejercen su profesión en condiciones precarias, sin soslayar que muchas veces su formación y profesionalización son deficientes.
El notable crecimiento de la seguridad privada plantea serias interrogantes sobre el rol del Estado y la distribución de las tareas de seguridad. El aumento del número de empresas sin duda es una respuesta legítima a necesidades específicas de ciertos sectores. Sin embargo, quizá también es evidencia de la incapacidad estatal para garantizar la protección de sus ciudadanos.

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