Menos homicidios, más presos: la paradoja de la seguridad

Esta semana el Gobierno federal presentó un dato difícil de ignorar: los homicidios dolosos se redujeron 51% desde el inicio del sexenio. De 86.9 asesinatos diarios en septiembre de 2024 a 42.5 en julio pasado. Son cifras oficiales, sí, pero provienen del sistema de registro nacional y merecen tomarse en serio antes de descartarlas por razones políticas.

El problema es lo que viene junto con ese dato.

El mismo día, el secretario Omar García Harfuch informó que la población penitenciaria creció 15%. Es decir, hoy, hay en México, 270 mil personas presas, 35 mil más que al inicio de esta administración. El gobierno anunció además la construcción de seis nuevos penales. Menos muertos, más presos, más cárceles. 

La pregunta que esa secuencia abre es más importante que cualquiera de esas cifras por separado: ¿estamos ante una estrategia de seguridad o ante una estrategia de gestión del encierro?

El debate público se ha quedado atrapado en si las cifras son reales. Esa discusión importa, pero nos distrae de algo más estructural: la reducción de homicidios y la expansión del sistema carcelario son dos procesos distintos que obedecen a lógicas distintas. Confundirlos tiene consecuencias políticas serias.

El gobierno atribuye el aumento de presos a su propia estrategia, como si más cárceles fueran evidencia de más eficacia. Pero el crecimiento de la población penitenciaria no empezó con este sexenio: arranca en 2019, cuando una reforma constitucional amplió el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, sin que el juez pueda valorar alternativas. El resultado acumulado es que más del 42% de los actuales presos no tiene sentencia. No son culpables probados: son personas que esperan un juicio que el sistema no puede procesar a tiempo, muchas por delitos sin víctimas identificables ni riesgo real de fuga.

Los datos oficiales de sobreocupación penitenciaria, actualizados a junio de 2026, revelan una geografía que no coincide con el mapa de la violencia. Nayarit encabeza la lista con 233% de sobreocupación; el Estado de México con 164%. Aguascalientes registra 33%, casi el doble del promedio nacional. Jalisco, en cambio, uno de los estados con mayor presencia del crimen organizado, opera al 5.86% de sobreocupación. Las cárceles no se llenan donde hay más guerra. Se llenan donde el sistema judicial detiene más rápido de lo que sentencia. No es eficacia. Es acumulación.

Hay además un dato que el Gobierno federal omite. México Evalúa advierte que por cada víctima de homicidio doloso que se evitó, aparecieron otras formas de violencia letal. Es decir: la violencia no desaparece, sino que se transforma, se desplaza, adopta modalidades que el indicador oficial no captura. Si eso es correcto, el sistema penal está encarcelando a más personas para gestionar un fenómeno que no está resolviendo de fondo.

México puede tener, al mismo tiempo, menos homicidios y más personas presas sin haber sido juzgadas. Eso no es una paradoja menor: es la pregunta que el gobierno no se hace. ¿Cuántas cárceles más necesitamos construir antes de preguntarnos si el problema es la violencia o el sistema que dice combatirla?