Militarización

El miércoles pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación admitió que el Ejército ejecutó a los cinco jóvenes que murieron el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que no se trató de un enfrentamiento, sino, justamente de eso, de una ejecución, lo que contradice claramente las versiones iniciales que dio la defensa acerca de este lamentable asesinato.

Ya desde antes de esta declaración, diversas fuentes habían reportado que los muchachos no estaban armados y, sin embargo, el Ejército les disparó hasta 60 veces y hubo cuerpos hasta con 12 impactos de bala. En por lo menos un caso, se trató de una ejecución sumaria, y la necropsia confirmó que la víctima recibió un tiro en la sien, pues bien, este es un ejemplo más sumamente trágico, de los riesgos que se corren al haber procedido a militarizar las tareas de seguridad pública, para las cuales ni el Ejército ni la Marina están preparados; sin embargo, es algo que no debiera sorprender, porque la evidencia disponible de los últimos 15 años en México y la experiencia internacional indican que esa es una estrategia destinada al fracaso, y que el remedio resultará mucho peor que la enfermedad.

Veamos las cosas con detenimiento, en varios países hay una Guardia o Policía Nacional, todas estas corporaciones tienen más de 100 o 150 años fundadas, están bajo control civil y todos sus integrantes han pasado por un proceso muy sofisticado de educación, entrenamiento y capacitación muy profesional, este no es el caso de México.

En segundo lugar, la siguiente duda es si las Fuerzas Armadas son competentes para mitigar el problema, tampoco parece ser el caso, y su gran deficiencia es que no están hechas para desempeñar tareas de seguridad pública, no lo saben hacer, no están preparados y su lógica de operación, que es militar, puede llevar excesos, violaciones y corrupción, como de hecho sucedió en Nuevo Laredo o en Monterrey, cuando hace 13 años, que se cumplirán este próximo domingo, varios soldados del Ejército asesinaron a mansalva, a dos jóvenes estudiantes del Tecnológico de Monterrey, y arreglaron la escena del crimen para decir que el homicidio haya sido en el contexto de un enfrentamiento con el narcotráfico, y acusaron a los estudiantes de formar parte del crimen organizado. Desde luego todo fue una mentira, todo, hasta el 2021 tres de los soldados habían sido detenidos y al parecer procesados como presuntos homicidas, dos permanecían prófugos, y el último sigue desaparecido, antes de esto, únicamente uno había sido juzgado por ese caso en una Corte Militar, que lo declaró inocente.

El tercer problema, además de la ineficacia militar y de las violaciones a los derechos humanos, es la alta probabilidad de corrupción e impunidad, es difícil saber con exactitud la magnitud de estas incidencias en las Fuerzas Armadas porque se llevan en un insondable sistema de justicia militar, pero una organización civil reportó que, entre el 2015 y el 2020, se denunciaron en México casi 34.000 delitos relacionados con brutalidad policiaca y militar, de los cuales solo 373 fueron judicializados, y solo 172 concluyeron en una sentencia condenatoria, es decir, el índice de presunta impunidad es de 99.5%, algo nos dice que incluso en Aguascalientes, donde ya se ha vuelto normal ver a soldados intimidando a la población en las calles, el mes de enero del 2023 ha sido el mes con mayor incidencia delictiva en Aguascalientes, en comparación con el mismo mes de los últimos seis años. Hechos como estos no son aislados, los ejemplos son numerosos y existe en serio riesgo de que aumenten, básicamente, porque la misión de los militares no es realizar funciones de policía, y mucho menos, en México. El Ejército y la Marina son instituciones importantes en la defensa de la soberanía y la seguridad nacional, pero otra cosa es la eficacia en las políticas de seguridad pública y la integridad de personas, de familias y de patrimonios.

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión