Miller ya no acusa a los cárteles: acusa al Estado mexicano

Stephen Miller no es un provocador externo al poder ni un comentarista radical que habla desde la periferia de la Casa Blanca. Es subjefe de gabinete para política y uno de los principales arquitectos de la estrategia migratoria de Donald Trump. Sus palabras importan porque suelen anticipar el razonamiento con el que esa administración convierte una obsesión política en una decisión de gobierno.

Por eso su discurso sobre México merece leerse con cuidado. Miller afirmó que en nuestro país no funcionan el sistema judicial, el sistema político ni el sistema legal, y que existen territorios “controlados y ocupados” por organizaciones terroristas. La gravedad no está sólo en el tono. Está en el sujeto de la acusación.

Durante años, Washington sostuvo que los cárteles desafiaban al Estado mexicano. Miller dio un paso más: afirmó que el Estado mexicano ya no es capaz de contenerlos. La diferencia es decisiva. Cuando el problema son organizaciones criminales que amenazan a un gobierno aliado, la respuesta natural es la cooperación: inteligencia compartida, investigaciones, extradiciones y coordinación fronteriza. Cuando el problema se define como una falla estructural del Estado, la cooperación puede presentarse como insuficiente y la acción unilateral como necesaria.

El lugar donde pronunció esas palabras reforzó el mensaje. Miller habló en el Pentágono, durante una ceremonia para reconocer a militares desplegados en la frontera. Antes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había descrito la migración como una “invasión”. No fue sólo un discurso sobre seguridad. Fue una escenificación militar de la frontera y de México como origen de una amenaza.

La lógica ya venía construyéndose. Primero, la administración Trump equiparó a los cárteles con organizaciones terroristas. Después, Miller sostuvo que no podían ser derrotados únicamente mediante instrumentos de justicia penal, sino con poder militar. Ahora agrega la pieza que faltaba: el país en cuyo territorio operan es descrito como institucionalmente incapaz de controlarlos.

La secuencia es clara. Hay una amenaza terrorista al sur de la frontera; controla territorio; el gobierno local no logra contenerla; esa amenaza alcanza a Estados Unidos y, por tanto, Washington debe defenderse. No hace falta anunciar una intervención para empezar a justificarla. Basta con construir un diagnóstico en el que la soberanía mexicana aparece condicionada por su capacidad de ejercer autoridad.

Claudia Sheinbaum respondió que en México gobierna el pueblo y recordó la responsabilidad estadounidense en el consumo de drogas, el tráfico de armas y el lavado de dinero. El señalamiento es correcto, pero no responde al centro del argumento. Miller no cuestionó el origen democrático del gobierno mexicano. Cuestionó su capacidad material para gobernar todo el territorio que reclama como propio.

México tampoco puede responder negando la existencia de regiones capturadas, policías penetradas, autoridades sometidas o comunidades obligadas a convivir con poderes criminales. Cada negación alimentaría la narrativa de Miller. La defensa de la soberanía no depende de repetirla, sino de demostrarla: investigar, procesar, recuperar territorio y romper las redes políticas y financieras que protegen a los cárteles, incluso cuando alcanzan al poder.

Miller ya no acusa a los cárteles de desafiar al Estado mexicano. Acusa al Estado mexicano de haber dejado de ser suficiente frente a ellos. Y cuando uno de los hombres que diseña la política de la Casa Blanca formula ese diagnóstico, no sólo describe a México. Empieza a construir la justificación para actuar sin él.

-

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión.