Narco y terrorismo

Después de ver lo sucedido el pasado jueves en Sinaloa, durante el operativo que consiguió la captura de Ovidio Guzmán, es posible afirmar que amplias zonas del país padecen un Estado Fallido. No sólo eso, sino un alarmante estallido terrorista en el que el Estado no posee el monopolio de la violencia, sino que ésta es ejercida por diversos grupos con mayor organización y capacidad bélica que nuestras fuerzas armadas.

En síntesis, el gobierno federal capturó a un importante capo en el tráfico de droga, especialmente de fentanilo, y plantea su extradición hacia Estados Unidos. Este operativo derivó en un estallido violento en Sinaloa, durante el cual (de acuerdo a la SEDENA) los criminales robaron más de 250 vehículos, instalaron retenes, incendiaron camiones, realizaron bloqueos, y saquearon comercios; el saldo humano fue de 29 muertos, 35 heridos y 21 detenidos.

No sólo eso. Los criminales pudieron tomar por unas horas el aeropuerto de Culiacán. Es decir, vulneraron la seguridad aeroportuaria e invadieron con comandos armados una instalación federal; balearon un avión, y bloquearon los accesos por un lapso de tiempo. A diferencia de 2019, cuando el gobierno federal capturó por primera vez a Ovidio Guzmán, en esta ocasión no se detuvo el operativo para liberarlo, aunque la violencia fue similar.

Mucho se ha comentado que lo único distinto entre la violencia criminal y la terrorista es, básicamente, el carácter político insurgente con el que la violencia busca causar terror para influir en la política. El caso mexicano es peculiar, porque las bandas criminales ya excedieron los límites de simplemente cometer delitos, y desde hace años usan el terror para influir de facto en la política, sin ser nominalmente grupos insurgentes.

Este nuevo estallido violento, orquestado por grupos que buscan hacerse con el poder sobre la potestad básica del Estado, nos orilla a reflexionar acerca de si es momento de llamar a las cosas por su nombre. Quizá sea tiempo de decir, sin pudores, que el Estado Mexicano padece embates de grupos terroristas domésticos con influencia internacional, que usan el terror y la violencia para influir en la acción del Estado.

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