No es el calendario, es la crisis en que está la educación
Esta semana y con sobrada razón, la condena al dislate de trasquilar el calendario escolar fue unánime, motivo por el cual las autoridades recularon, pero la discusión se quedó corta porque perdimos el contexto en que se produjo la ocurrencia y es en realidad donde debiéramos poner el ojo.
Desde 2019 se han hecho al menos cuatro evaluaciones para medir los logros de aprendizaje de los niños.
Una de la UNESCO en 2019, dos de la propia SEP a través de Mejoredu en 2023 y 2025, y desde luego la famosa prueba PISA. Las cuatro demuestran claramente con datos duros que el desempeño de los niños ha empeorado dramáticamente. En otras palabras, México y Aguascalientes están produciendo una generación de reprobados. O sea, los alumnos están por debajo del nivel mínimo de competencias en los distintos aprendizajes.
En ese contexto entonces el problema no es solo el calendario y ni siquiera es el más importante, sino que el ecosistema educativo demanda cirugía mayor.
Lo primero que sobresale es que la arquitectura de la SEP es ya completamente disfuncional. Dada su actual estructura -pesada, anquilosada, burocrática, ineficiente y opaca-, no da más. Le es imposible ejercer una rectoría real a nivel nacional y sus funciones normativas mínimas; es un modelo que genera incentivos perversos como la irresponsabilidad y negligencia de los estados en diversos componentes del ecosistema.
Más aún: hablar de un “sistema educativo nacional” es una ficción, como también son ya, dada la profunda heterogeneidad regional, el calendario único para todo el país o los planes y programas “nacionales”.
La segunda cuestión es la urgencia de reformar a fondo el viejo acuerdo descentralizador de 1992 para dotar de mayor libertad y autonomía a los estados en materia de contenidos, calendarios, recursos y materiales didácticos, modalidades de selección, contratación y profesionalización docente, por ejemplo.
Si unos estados quieren educación de alta calidad adelante; si otros prefieren terminar de hundir a su población, corre bajo su responsabilidad.
La tercera área de oportunidad es involucrar a los municipios (al menos los que tengan una población superior a los 500 mil habitantes, que son 51) en la prestación del servicio educativo en sus circunscripciones. No es posible que la población estudiantil sea atendida por los estados y los municipios no le pongan un solo centavo.
Cuarto punto es que urge un nuevo marco legal para las relaciones laborales con el SNTE, cuyo Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo data de 1946, y transitar hacia una descentralización sindical. ¿Qué significa esto? Blindar la conducción educativa del Estado ante las tres “C” que han sido muy dañinas: el cogobierno, la colonización y la captura por parte de intereses ajenos a la calidad y la mejora de los aprendizajes. Y evitar la descarada extorsión sindical del SNTE y de la CNTE que ofrecen votos a cambio de plazas y prebendas.
En conclusión, no habrá cambios al calendario escolar al menos por ahora, pero el mal estado en que se encuentra la educación sigue tan campante como siempre, y ese es el hecho realmente grave.
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