No a la eliminación de órganos autónomos

Este viernes nos fuimos a casa con la novedad de que avanzó la reforma para desaparecer los órganos autónomos. Concretamente, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador que, con el argumento de la austeridad republicana, propone eliminar varios órganos autónomos: el INAI, el Coneval, la Cofece, el IFT, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información.

Esto representa un retroceso en la vida democrática de nuestro país. Lo más fácil es decir que es muy caro mantenerlos y que duplican funciones que pueden concentrarse en las dependencias gubernamentales, pero recordemos que estos organismos autónomos son instituciones especializadas en temas clave para el país —como la transparencia, las telecomunicaciones, la evaluación de política de desarrollo social, entre otras— y que han venido funcionando con autonomía. Es justamente la autonomía la que les permite mantener una posición crítica frente al ejercicio del poder.

Varios de estos organismos ya se posicionaron públicamente, para señalar su desacuerdo con la reforma que busca desaparecerlos. Los posicionamientos son claros, responden con derechos y resultados. Voy a destacar dos, el del INAI y el del IFT.

El posicionamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales – INAI señala claramente que “Desaparecer al INAI es un retroceso para México y sus derechos humanos”. Como señala este posicionamiento: “La autonomía e independencia del INAI han sido clave para asegurar que las decisiones sobre acceso a la información y protección de datos sean tomadas sin interferencias políticas o ideológicas. Esto ha permitido que se realice un trabajo riguroso y justo en favor de los derechos de las y los mexicanos”.

Por otro lado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones – IFT recuerda en su posicionamiento que su creación proviene de la consideración de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión como derechos fundamentales y servicios públicos de interés general y pone sobre la mesa los resultados que ha dado el Instituto en estos 11 años, entre los que destacan el aumento en la población usuaria de internet en México y la baja en los precios de los servicios de telecomunicaciones. Por lo mismo, la autonomía que tiene el Instituto ha sido fundamental para el avance del sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Otros organismos se han posicionado también para señalar los retrocesos que esto implica.

Asignar estas funciones a los propios gobiernos es regresar a la centralización y a la opacidad. Sin los organismos autónomos, ¿quién vigila?, ¿quién se asegura de que las condiciones sean justas?, ¿quién regula?, ¿quién evalúa? El escenario de centralización ya lo vivimos en el pasado y no es un lugar al que deberíamos regresar. Ojalá que todavía sea posible recuperar el diálogo y tomar mejores decisiones. Pase lo que pase, toca al periodismo crítico, las organizaciones civiles y la ciudadanía informada, hacer contrapesos a la centralización.

Referencias: