Pagos digitales

La Ley de Economía Digital para pagos digitales y electrónicos, la primera duda popular es muy concreta.

¿Va a desaparecer el dinero en efectivo?

La respuesta es que esta ley no establece una prohibición general de los billetes ni de las monedas, pero sí abre la posibilidad de que en determinados sectores y actividades que defina la Secretaría de Hacienda, los pagos digitales se conviertan en la única forma de pago.

La ley busca, entonces, impulsar los pagos con tarjeta, las transferencias electrónicas, los códigos QR y otros medios digitales. Sin embargo, su alcance es más amplio. También conecta la identificación de las personas, sus documentos, sus servicios financieros y los trámites con gobiernos de los tres niveles. 

Déjame tratar de ubicarlo. En primer término, es la identidad digital. La CURP digital podrá utilizarse para contratar servicios financieros y medios digitales. Pensemos, por ejemplo, en una persona que realiza una contratación a distancia y necesita acreditar quién es.

Le va a ayudar, una precisión. La persona conserva la posibilidad de utilizar otro mecanismo de identificación oficial, es decir, no convierte a la CURP digital en la única identificación posible en contrataciones.

Segundo, el expediente digital ciudadano, este expediente permitirá consultar y utilizar documentos e información para acceder a servicios financieros cuando la persona usuaria lo solicite. Los documentos contenidos en ese expediente tendrán los efectos jurídicos que las leyes reconocen a sus correspondientes documentos físicos. Aquí salimos ganando.

Tercero, los pagos al gobierno. La Federación, los estados y los municipios deberán realizar las acciones necesarias para aceptar pagos digitales en sus trámites y servicios. Eso supone habilitar infraestructura, informar qué medios de pago están disponibles y prever qué hacer cuando fallen los sistemas.

Para la ciudadanía, el beneficio esperado es contar con más opciones para pagar. Por eso, ese resultado dependerá de que las plataformas funcionen y que sean accesibles. Hecho poco creíble en nuestro país. Cuarto, los sectores donde podrán exigirse el pago exclusivamente digital.

La ley faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar esos sectores y actividades. Entonces, las actividades correspondientes deberán establecer las condiciones y los mecanismos para una transición gradual. No debemos interpretar, ojo, que todos los comercios están obligados de inmediato a dejar de recibir dinero. No.

La excepción está cuando una contingencia imposibilite recibir pagos digitales, deberá accederse a pagar en efectivo o incluso con cheque. Quinto, la ley vincula esta transformación con el acceso a servicios financieros, al crédito y a la conectividad.

También contempla la digitalización y la homologación de trámites públicos. Desde una perspectiva política pública, el desafío central, digitalizar debe facilitar la vida de las personas.

Pensemos que una persona mayor no utiliza aplicaciones en una comunidad con mala señal o en un pequeño negocio que necesita adaptar su forma de cobrar, la transición deberá tomar en cuenta estas realidades para evitar que las nuevas herramientas se conviertan en barreras. Además, hay dos aspectos,  que conviene seguir muy de cerca.

Uno, es la rapidez de la implementación. Se prevén 15 días hábiles desde la entrada en vigor para que Hacienda determine los sectores y otros 15 días hábiles después de publicarse estas determinaciones para que las autoridades sectoriales emitan sus disposiciones. El otro es el presupuestario.

La aplicación deberá cubrirse con recursos ya autorizados sin recurrir adicionales conforme al decreto. La pregunta para evaluar esta ley es muy concreta. ¿Las personas podrán pagar y hacer sus trámites con mayor facilidad, incluso cuando tengan dificultades de conexión o poca experiencia digital?

El punto crítico,  es que la ciudadanía dependerá únicamente de que el gobierno agilice e implemente la tecnología adecuada, accesible, pero sobre todo confiable. No basta con ordenar que los pagos sean digitales. Debe existir las condiciones para poder realizarlos.

Si una persona quiere pagar, pero la plataforma falla o en su comunidad no hay conexión, el problema está en la infraestructura. Ese costo no debería trasladarse al ciudadano, por ningún motivo. Deben de absorberlo las autoridades de los tres niveles y, en el caso de las empresas, las propias empresas. A mí en lo personal, me parece que no podemos satanizar la ley.

La ley es clara y es contundente, pero lo que sí podemos eh decir es que hay un adelanto creativo cuando no se tienen las infraestructuras necesarias y seguimos enfrentándonos con ese misterio de la humedad o de la corrupción que transita como la humedad despacito sin darnos cuenta, pero luego se posesiona de todo.

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