Partidos políticos y ciudadanía, un divorcio histórico

En la actualidad, la democracia es considerada la mejor forma de organizar un Estado, ya que permite distribuir el poder político entre la ciudadanía que elige -de entre varias opciones- a quienes tomarán decisiones en nombre de su comunidad, proceso que no sería posible sin los partidos políticos, los cuales fungen como un puente entre la ciudadanía y los gobiernos, ya que promueven la participación de las personas en la vida democrática y posibilitan su acceso al poder público.

En México, el sistema de partidos ha atravesado por diversos cambios que han resignificado la forma en que la ciudadanía se relaciona con sus instituciones políticas. Esta semana tuve la oportunidad de dialogar al respecto durante el XVI Encuentro Nacional de Cultura Cívica con sede en el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. A fines del siglo pasado, el país sufrió su más importante transición que lo llevó de la hegemonía partidista al pluralismo moderado que tenemos hoy. Por más de 70 años, no hubo agrupaciones políticas competitivas capaces de competir contra el partido oficial que, aunque se presentaba como un partido de masas, concentraba las oportunidades de obtener un cargo en pequeñas cúpulas. En este periodo, ejercer de manera crítica la libertad de expresión, reunión y manifestación se consideraba riesgoso si no se alineaban con los ideales del partido hegemónico.

La diversificación de la oferta política y la alternancia del partido en el poder se consiguió gracias a diversas reformas constitucionales, la detonante data de 1977, que se aprobó un año después de la elección donde José López Portillo compitió como único candidato. Costó casi tres décadas consolidar el pluripartidismo que conocemos hoy, y si bien muchos de los partidos han permanecido por décadas en la boleta, el contexto social ha sido cambiante. Las tensiones poselectorales de 2006 marcaron un parteaguas en lo jurídico, político y social. Los medios de comunicación y los movimientos sociales han adquirido un papel protagónico en la escena pública.

De acuerdo con el último Informe Latinobarómetro (2023), seis de cada diez personas mexicanas no está conforme con el funcionamiento de los partidos políticos. El 38% de la población de nuestro país dijo no tener ninguna confianza en los partidos políticos, mientras que el 36% dijo confiar un poco en estos. Los institutos políticos son las instituciones con mayor rechazo, por encima de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de las propias autoridades electorales. Un dato interesante es que el 58% cree que la democracia puede funcionar sin partidos, uno de los errores conceptuales más graves en Latinoamérica, ya que los partidos son intrínsecos a esta.

Lo cierto es que los espacios de participación ciudadana no deben agotarse en las elecciones periódicas y, por consiguiente, en los partidos políticos. Hoy contamos con  instrumentos como la consulta pública, plebiscito, referéndum, iniciativa popular, que permiten a las personas de a pie formar parte de los asuntos públicos; lamentablemente, pocas personas lo saben. Aunado a que el catálogo de puestos de elección popular alcanzará al Poder Judicial, el reto consiste en normalizar el formar parte de la toma de decisiones. 

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