Perspectiva. Desacato

“En algunos ordenamientos, delito que se comete calumniando, injuriando, insultando o amenazando a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, ya de hecho o de palabra, o ya en escrito que se le dirija".
Real Academia de la Lengua.

Insultar a un juez o llamarle “corrupto”, en teoría, tiene consecuencias legales. En países donde se respeta la ley, donde “la ley es la ley”, resulta grave ignorar, en palabra o en obra, las decisiones judiciales. Dependiendo de la falta, el castigo puede ser multa o cárcel.

Desde que llegó la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, grupos violentos se acercaron a las puertas de la Corte para injuriarla. Una mujer vulgar cantoneaba agravios que todos pudimos ver en redes sociales pero no podemos repetir por mínima decencia. Ninguna autoridad condenó el hecho.

Las expresiones de violencia aumentaron cuando quemaron su figura en pleno Zócalo. Por prudencia, ningún miembro del Poder Judicial pidió una investigación o sanción contra los delincuentes, porque en el fondo, es desacato injuriar públicamente a cualquier miembro de la Corte.

El problema escala cuando el partido en el poder organiza manifestaciones públicas frente a la Corte. No le gustan las sentencias independientes. Sucederá lo mismo con el escándalo, los insultos y el vituperio matutino desde Palacio que repite una y otra vez el presidente de todos los mexicanos.

Mientras son palabras pueden pasar por manifestaciones de libre expresión, el problema es cuando llegan órdenes judiciales como la separación de la seguridad pública del mando militar. En principio cumplirán en forma colocando al General de División y Comandante de la Guardia Nacional, David Córdova Campos, bajo el mando de la secretaria de Seguridad Pública Rosa Icela Rodríguez; en el fondo el general se mandará solo. El espíritu de la decisión judicial quedará en el aire y sin efecto real.

Pueden preverse más conflictos donde el Ejecutivo no cumpla con los ordenamientos legales en otros organismos. Le pueden retrasar partidas económicas al INE (instituto Nacional Electoral) o negar información que el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información) considera debe ser pública. El Senado, por órdenes del Presidente, obstaculiza el nombramiento de consejeros para desarticularlo.

Vulgarmente hablando, el Poder Ejecutivo puede “montarse en su macho” y no hacer las cosas: caer en desacato. En estricto apego a la ley, Norma Piña podría pedir sanción a quienes denuestan, injurian y queman su figura en público. La doctora en Derecho es responsable y prudente frente a los ataques cotidianos a su persona y al poder que representa.

Todos los organismos autónomos pueden enviar un rosario de peticiones de amparo, de quejas legales por incumplimiento del Ejecutivo sin que pase algo.

Hay instituciones que, sin embargo, cumplen con todo ordenamiento legal muy a su pesar. La UNAM estuvo a punto de publicar sus indagaciones sobre el plagio de la maestra Yazmín Esquivel y 10 minutos después aceptó un ordenamiento de un juez civil para no hacerlo. (Al final lo hará y será más penoso para la ministra copy/paste).
Cuando Vicente Fox pensó que podía desaforar al Jefe de Gobierno de la CDMX por no cumplir con un ordenamiento judicial, López Obrador no tenía la mitad del poder de hoy. Esa intentona de Fox ayudó a crecer a AMLO al convertirlo en víctima.

Pocas cosas pueden ser tan graves para una nación como debilitar su sistema judicial. Si el gobernante no respeta las leyes, entonces cualquier ciudadano, alcalde, gobernador o funcionario tiene pretexto para hacer lo mismo.

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