Perspectiva. El poder de un juez en España

Pedro Sánchez, el presidente de España, dice que se tomará 5 días para pensar si se queda en el cargo o se va. El motivo es la investigación que un juez de instrucción aceptó en contra de su esposa Begoña Gómez.

Desde hace tiempo un grupo de ultraderechistas llamado “Manos Limpias”, sigue los pasos de presuntos conflictos de intereses de la esposa de Sánchez. Las acusaciones no son muy sólidas pero se prestan a un buen escándalo político en una sociedad intensa como la ibérica.

Lo vemos en los titulares de los periódicos. El País, que es afín al gobernante, acusa acoso de la ultraderecha. El Mundo, un diario de “derechas”, dice que el presidente se victimiza. Desde lejos no se ve que un mandatario necesite decirle a los ciudadanos que se tomará unos días para pensar si puede o debe seguir con el cargo. Simplemente lo hace y listo.

Pedro Sánchez y su partido son los moderados de la izquierda española, son quienes han visto crecer y prosperar a su país desde que Felipe González gobernó durante 14 años. Con ellos llegó la europeización, con ellos se impidió la separación de Cataluña y avanzó la economía después de la pandemia.
Sin embargo, España sufre del envejecimiento y disminución de su población. Tiene, además, conflictos por la inmigración desde África y Latinoamérica. Cuando se le ve de cerca parece que aquello es una fiesta, por la paz y la prosperidad de la mayor parte de sus ciudades. Bueno, al menos si la comparamos con México.

Una prueba de la solidez de sus instituciones es el que un juez de instrucción pueda recibir una denuncia sobre presunta corrupción y arranque la investigación. Justo lo que hace aquí el Ministerio Público, solo que con mayor poder de decisión.

A Sánchez no le vino bien el asunto; si se queda tendrán que atender interrogatorios él, su esposa y algunos allegados. Una posición incómoda para cualquier gobernante. Sería como si Andrés Manuel López Obrador tuviera que testificar ante el ministerio público por los presuntos conflictos de interés de sus hijos así como Amílcar Olán, los generales del Tren Maya y Rocío Nahle por los contratos de la refinería de Dos Bocas. Algo inimaginable, hasta hoy.

Al juez de la instrucción no le importó que la organización “Manos Limpias” sea un instrumento de ultraderechistas o de personajes de mala reputación como Miguel Barnad,  que carga con acusaciones de corrupción. Incluso fue sentenciado a cuatro años de cárcel por extorsión, pena de la que fue exonerado posteriormente.

Cuando un fiscal en Nueva York puede sentar en el banquillo de los acusados a Donald Trump o un juez de instrucción puede iniciar una investigación contra la esposa del presidente en España, significa que las instituciones gozan de buena salud.

En México ese es el gran valor de Norma Piña, la presidenta del Poder Judicial, quien aceptó investigar denuncias anónimas en contra de quien fuera su antecesor, Arturo Saldívar. En cualquier país de instituciones sería un procedimiento normal. Zaldívar, en lugar de hacerse la víctima, debería de presentarse para testificar ante cualquier duda.

El Poder Judicial es y ha sido el último bastión de defensa para detener el autoritarismo, el presidencialismo y la ruptura de nuestras instituciones democráticas. Por eso Morena lanza bolas de fuego incendiarias para destruirlo. Algo imposible porque en la próxima elección no tendrán mayoría calificada. Su plan C fracasará.

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