Perspectiva. Estado de indefensión

La discusión está planteada: ¿Qué hacemos para resolver el problema de la inseguridad, para detener la pesadilla de robos domiciliarios nocturnos a punta de pistola? En la charla de pueblo todos sabemos a quiénes han asaltado, cuánto duró el robo y comprendemos que no hayan denunciado.

Con el asalto viene la amenaza: “Si denuncian, tenemos los datos, las señas de la familia así que ni le hagan al valiente denunciando a la policía, porque, además, ellos están en nuestra nómina”. La siembra del terror impide que las víctimas tengan confianza en el Ministerio Público, los investigadores y la policía local. Desconfianza fundada porque no hay resultados positivos en detenciones o en la prevención del delito.

Supimos de extranjeros que hicieron de las suyas durante meses, como si fueran los dueños de las calles; sabíamos la marca, color y modelo de las camionetas Mercedes; se hablaba del modus operandi en Balcones, Cumbres y Villas del Campestre.

Seis años de la administración de Héctor López Santillana y nada, dos años de Alejandra Gutiérrez y tampoco. Los ciudadanos piensan que ellos deben organizarse e intervenir.  Pero se dan cuenta que no pueden armarse ni formar cuerpos de seguridad suficientes y reconocen que el responsable es el Ayuntamiento y principalmente quien lo encabeza.

En un WhatsApp desesperado, una de las víctimas clama por la unión después de que le sucedió lo que nunca imaginaba porque su colonia tiene guardias y está cerrada con muros. En Cumbres del Campestre, por ejemplo, el azote de los ladrones llegaba al perímetro bardeado de la colonia. Un día se les ocurrió poner cámaras infrarrojas que detectan movimientos de personas y se dispara una grabación: “Esta es propiedad privada, aléjense del perímetro”.

Hay quienes quieren la autodefensa. Si la autoridad no puede, no debemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos “que hacer algo”. Cierto, hay grupos que tienen los suficientes recursos para contratar seguridad privada, desde cerca y desde lejos. Pero son unos cuantos. Conocemos a las familias que recurren a decenas de guardianes que los acompañan día y noche; sabemos de gente más discreta que contrata servicios de inteligencia, menos intrusivos e igualmente efectivos.

El problema es que la sociedad se fragmenta. Las colonias populares sufren igual la violencia pero peor. Sin recursos para vivir en fraccionamientos cerrados, con cotos, guardias y más cotos, deben resistir el embate del crimen pequeño y el grande. Eso crea aún más resentimiento y precariedad.

La respuesta más sencilla no puede ser otra: la responsabilidad primaria es de las autoridades a quienes hemos delegado con el voto el poder de gobernar, el presupuesto para hacerlo y el oficio político para lograrlo. Durante décadas nuestras ciudades no necesitaron de bardas perimetrales, casetas de vigilancia o permisos previos para visitantes. La gente dormía tranquila, la policía vigilaba y tenía buena información de bandas provenientes de otros lugares. Vivíamos en paz. Los “boomers” nos acordamos que andábamos en las calles,  los camiones e íbamos a los jardines públicos sin el terror de hoy.

La solución está en manos de los líderes, tanto del Gobierno estatal como de los municipios. Hay recursos, hay expertos en el tema y hay voluntad ciudadana de recuperar la paz perdida. ¿Qué sigue?

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