Perspectiva. Linchar a Felipe Calderón
Entre la lista de cuentas de la actual administración, no hay ninguna tan grande como la que le quieren cobrar a Felipe Calderón. La recurrencia del presidente en achacar todos los males del país al neoliberalismo y a los “de antes”, encuentran en el panista al villano favorito del sexenio.
La caja de esas cuentas sonó fuerte cuando Edgar Veytia acusó de recibir órdenes (indirectas) del gobernador priista Ney González porque presuntamente Calderón había dicho que al Chapo no lo tocaran. Palabrería.
Veytia fue fiscal de Nayarit y hoy está preso en Estados Unidos porque era la cabeza del crimen organizado en ese estado. Cuando lo detuvieron en San Diego fue por depósitos de 250 millones de dólares en bancos de EEUU. Su historia no era sólo el contubernio con los cárteles de droga sino de extorsión y despojo de propiedades valiosas a ciudadanos, con toda impunidad.
Su apodo era “El Diablo”. Mientras que presumía a Nayarit como un estado en paz, sin homicidios, sin violencia, la verdad era otra. Veytia confió demasiado en sus poderes y nexos, pero la DEA y el FBI sabían el dinero acumulado. Fue fácil para el gobierno norteamericano echarle el guante.
La credibilidad de Veytia es cero. Su testimonio para perjudicar a Calderón va a cuenta de rebajas en su sentencia por “cooperar” con el fiscal que lleva el caso de Genaro García Luna. Lo cierto es que Calderón sabía de los contratos y corruptelas en la Secretaría de Seguridad. No pudo no saberlo. Pero se hizo tonto.
La acusación verosímil sobre el panista debe ser la omisión. Al igual que Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y el propio López Obrador, Calderón se desentendió de la corrupción. Poco o nada ha cambiado desde que el PRI gobernaba. No hemos visto un esfuerzo verdadero para lograr un cambio de fondo en la moral pública.
Un funcionario de alto nivel en el sexenio de Fox comentaba que era imposible combatir la corrupción. Las presiones internas en la administración, la necesidad creada de sustraer fondos públicos para campañas debe ser tremenda. También la tentación de la riqueza inmediata.
Quien más se benefició del desvío a través de constructoras, contratos y otras corruptelas fue Enrique Peña Nieto. Lo mostró cuando tuvo la estupidez de construir una mansión de 8 millones de dólares justo al comienzo de su sexenio. Lo mostró con múltiples empresas favorecidas. No sólo fue corrupto sino descuidado.
El último escándalo de Campeche y los funcionarios de Layda Sansores que reciben millones de pesos en efectivo, debería perseguirse pero no se hará. En esa denuncia, además, hay jiribilla porque se difundió en Televisa, un medio de comunicación que no había movido un dedo durante cuatro años para confrontarse con el presidente. Ese tema parecía exclusivo de medios independientes. La denuncia periodística de Televisa abre un nuevo frente a la 4T.
Todos lo sabemos. Quienes están en el poder gozan de impunidad. La persecución de delitos es selectiva. Ricardo Anaya no puede pisar el país porque iría a la cárcel acusado de un delito que no cometió (aunque su fortuna y forma de vida no ha sido explicada). Rosario Robles estuvo en prisión por una licencia de manejar aunque también fue omisa en el desvío de 7 mil millones con la “Estafa Maestra”. Qué decir de la impunidad presente en Segalmex. Clemencia para los amigos, persecución para los enemigos. Eso no es justicia ni lo contempla el derecho.
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