Perspectiva. Otro golpe a la confianza

El Gobierno federal quiere mandar a volar a los concesionarios de los aeropuertos del país. Al tiempo que escribo estas líneas, la Bolsa Mexicana de Valores pierde un 2.7%, una caída inusual, por decir lo menos. Las acciones aeroportuarias se derrumban y pierden hasta un cuarto de su valor.

Con una medida ruda, unilateral y sin previo aviso, la Agencia Federal de Aviación Civil cambia los términos de los contratos con Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).

Un cortón de alas que solo puede ser autorizado por Palacio. Significa una pérdida de valor para los inversionistas que confían en el país y sus instituciones. Los dueños de las concesiones son múltiples y operan como empresas públicas (que no del gobierno).

El descontón que pretenden hacer al TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto) pega en la línea de las utilidades a empresas que invierten en Monterrey y Guadalajara, Tijuana y otras estaciones para ampliar sus servicios. Sí, son empresas que ganan mucho por una administración eficiente pero, tan sólo ayer, perdieron unos 74 mil millones de pesos en su valor de mercado, según una estimación del periódico El Economista.

Entre los socios lastimados está BlackRock,  el mayor administrador de inversiones del mundo y uno de los fondos que más invierten en México. Seguro que, como muchos otros socios y fondos de inversión están con los pelos de punta por una decisión arbitraria desde el poder.

La medida puede ser peleada en tribunales por las empresas, pero lo más importante para ellas es saber si lo que quiere Palacio es comerse toda la industria instaurada en tiempos del “neoliberalismo”.  La 4T tiene sueños estatistas y de control central, por eso rescata el nombre de “Mexicana”, la pone en su fracasado aeropuerto Felipe Ángeles con las tarifas más bajas de TUA y un subsidio inicial de 10 mil millones de pesos.

Es muy temprano para conocer con certeza la intención del gobierno pero resulta grave que desde un escritorio de una agencia federal se puedan borrar 4 mil millones de dólares de valor a empresas mexicanas.

Lo mismo sucedió con la medida de reducir el flujo de vuelos al aeropuerto Benito Juárez para inyectarle vida al AIFA. La experiencia nos dice que el gobierno es un pésimo administrador. Pemex, la CFE, Segalmex y otros emprendimientos cuestan enormidades al erario por el grado de ineficiencia, corrupción y burocracia.

Una de las razones para privatizar la operación de los aeropuertos fue atraer inversión nacional y extranjera para mejorarlos. Que funcionaran como empresas preocupadas por generar valor a los usuarios, accionistas y al propio erario con pago de ISR. Cierto que en la concesión pudo haber corrupción; cierto que los socios originales vieron a corto plazo y no invirtieron como debían. Pero eso se puede solucionar por medio de acuerdos y negociaciones.

Las utilidades de un aeropuerto como el del Bajío (GAP), dan para repartir buenos dividendos a los socios y hacer pequeñas inversiones, pero no para una transformación radical que lo convierta en un ejemplo en el país. De eso tenemos mucho que hablar.

Por lo pronto el golpe no solo fue a los concesionarios sino a la certidumbre necesaria para invertir en México.

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