Plan B

El llamado Plan B que el titular del ejecutivo ha impulsado ante el legislativo para llevar a cabo su personalísima reforma electoral implica modificaciones legales que afectan el funcionamiento orgánico del instituto encargado de llevar a cabo las elecciones en términos de equidad y democracia

Estas afectaciones se resumen en: la adecuación legal para posibilitar a los partidos a no reembolsar recursos que no ejercieron, para gastarlos en una elección posterior; lo cual tenían prohibido. Esto obra en contra de la equidad y la transparencia de los gastos de campaña.

Se compacta la estructura del INE, y se elimina el necesario servicio profesional electoral. Esto es muy grave, porque una operación nacional requiere de una amplia estructura administrativa, así como de equipos humanos especializados, que hagan carrera, para evitar la improvisación en la organización electoral.

A la autoridad electoral le restan facultades para sancionar conductas de funcionarios públicos que vulneran la equidad de los comicios. Es decir, los partidos que tengan burócratas en los gobiernos podrán favorecer impunemente a su fuerza política. Sí, como en el PRI del Siglo XX.

Otra modificación grave: pretenden desaparecer al Programa de Resultados Electorales Preliminares, el famoso PREP, que ha tenido altos estándares internacionales y que incluso ha sido aplicado en otros países basándose en el modelo electoral mexicano. Esta desaparición abona a la incertidumbre, y a la opacidad.

Debido a la oposición de buena parte del legislativo, la reforma electoral se terminará de discutir en el primer bimestre de 2023. Sin embargo, es probable que, al enviar el paquete de reformas al ejecutivo para su publicación oficial, exista conflicto constitucional y se impugne.

En ese escenario, el poder judicial será el último reducto institucional para proteger el funcionamiento autónomo del INE. Esto sucederá en una coyuntura en la que dicho poder vivirá el proceso de renovación en su magistratura presidente. Este es un escenario convulso para nuestra democracia.

En Estados Unidos, la fiscalía podría acreditar cargos penales al expresidente Trump y a sus seguidores por la insurrección del Capitolio. En Perú, la intentona de disolver al legislativo y dar un golpe de Estado terminó con el presidente preso y al país en caos.

Esto es lo que pasa en las democracias cuando los presidentes caen en la megalomanía y buscan exceder el ejercicio del poder ejecutivo sobre las instancias legislativas, judiciales, o electorales. Que Perú o Estados Unidos nos sirvan como ejemplo sobre los riesgos para la democracia.

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión